L D (Europa Press) El presidente del PP, Mariano Rajoy, avanzó que el próximo miércoles aprovechará su pregunta en el Congreso al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para solicitar la dimisión del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, e insistió en que su partido tiene "derecho" a personarse en la causa.
En declaraciones a los medios de comunicación en Orense, donde participó en la campaña para las elecciones del 1 de marzo, Rajoy defendió que personarse en la causa que investiga la supuesta trama de corrupción es "el mínimo derecho" que tiene su partido. "Se intenta hacer una causa general contra el PP. Queremos estar allí, saber a quién se acusa del PP y de qué", aseveró el líder de los 'populares', quien también reclamó que se levante el secreto de sumario "para saber exactamente de qué estamos hablando".
Al respecto, indicó que en los medios de comunicación figuran "nombres de muchas personas, de gente honorable que lógicamente ven manchada su reputación" y que, sin embargo, "no pueden defenderse". "No saben si alguien les acusa y de qué y, por tanto, es de puro sentido común", arguyó para reclamar la "transparencia" de la Justicia, que es la "exigencia mínima de un Estado democrático".
Mariano Rajoy también calificó de "atentado a la calidad de la democracia" la cacería en la cual coincidieron el ministro de Justicia y el juez instructor de la Operación Gürtel para justificar la petición de dimisión de Bermejo y que Garzón se abstenga en esta causa. A su juicio, es "impropio" que el ministro de Justicia "esté reunido" con el juez instructor de la Audiencia Nacional y advirtió de que "en cualquier país civilizado", ello conllevaría la dimisión, en este caso de Bermejo, y que Garzón "se abstuviese en el asunto del que está conociendo".
Para justificar su reclamación, Rajoy apeló a un símil futbolístico y señaló que "es algo parecido" a que en un partido se pitasen tres penaltis injustos en contra de un equipo y que al día siguiente se supiese que el entrenador del club ganador estuvo cenando con el árbitro. "Es exactamente lo mismo, la misma regla democrática", resolvió. Por ello, afirmó que "el mínimo pudor, el mínimo sentido común" exige la dimisión del ministro de Justicia o si no, el cese por parte del presidente del Gobierno, así como, "desde luego, la abstención de Garzón en este asunto", insistió.
Mariano Rajoy criticó duramente la estrategia de la Fiscalía de "intentar echar porquería sobre el PP". "Esto es lo único que funciona en España en este momento y no estoy dispuesto a aceptarlo de ninguna de las maneras", aseveró tras hacer hincapié en que estas informaciones se conocen mientras existe un gobierno "paralizado" y que "es absolutamente incapaz de abordar la crisis económica".
Por su parte, el responsable de Justicia y Libertades Públicas del Partido Popular, Federico Trillo, anunció este viernes que su partido recurrirá "inmediatamente" el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en el que rechaza la personación del Partido Popular en la investigación abierta por el caso 'Gürtel'.
Trillo argumenta que "resulta una desfachatez que no se nos considere perjudicados, un despropósito jurídico que diga que contra su decisión no cabe recurso y una barbaridad inaceptable que anuncie que puede haber imputados de futuro que puedan ser aforados, como si fuera una amenaza". Por último, Trillo ha concluido asegurando sobre el juez Garzón que, "a sus tremendas responsabilidades, suma ahora este auto jurídicamente impresentable".
El Partido Popular ha presentado un escrito ante la Fiscalía General del Estado en el que se queja de que culpe a los denunciantes de las filtraciones del sumario que está instruyendo el juez Baltasar Garzón sobre la denominada operación Gürtel, un "burdo razonamiento", a su juicio, para eludir la persecución de oficio del delito de revelación de secretos.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, remitió este jueves una carta al PP sobre el resultado de las investigaciones relativas a la difusión pública de informaciones sobre la instrucción en la que sostenía que no se han filtrado datos desde la Fiscalía ni desde el juzgado de Baltasar Garzón, y que lo que obra en prensa es el contenido de la denuncia que provocó las actuaciones.
En primer lugar, el PP asegura en su escrito que resulta "sorprendente" que la primera consecuencia de la investigación del Ministerio Público sea "un documento en lenguaje deliberadamente encriptado", al hablar de "la denuncia" interpuesta en su día sin especificación alguna de los denunciantes.
"¿Es mínimamente seria esta respuesta? –se pregunta– Parece sorprendente que la Fiscalía General, en su función de investigar las graves filtraciones del secreto de un sumario prácticamente despanzurrado en los medios de comunicación, conteste con un escrito en el que no se pueden conocer ni los denunciantes, ni siquiera la fecha de la denuncia".
"Indefensión" del PP
Tras insistir en la "indefensión" a la que, a su juicio, está sometida su partido con las filtraciones, el PP recalca que lo que "resulta ya jurídicamente inadmisible" es que el fiscal alegue que las conversaciones transcritas que se han publicado "formaban parte de la información aportada por el denunciante, bien en su denuncia inicial o el ulteriores ampliaciones a la misma".
En este sentido, el PP denuncia que al fiscal general le baste "con culpar, por sí y ante sí, a los denunciantes, para excusar cualquier investigación de un delito perseguible de oficio" como es la revelación de secretos.
Por eso, el PP recalca que no puede admitir en forma alguna que "quien tiene la obligación legal de perseguir los delitos de oficio se ampare en un razonamiento tan burdo para eludir la persecución de un delito público cual es la revelación de secretos".
En opinión del PP, el juez y los fiscales tienen la obligación legal de velar por el secreto del sumario y, por tanto, "no es admisible que el cumplimiento de ese deber quede sin investigar por una mera finta del Fiscal General del Estado, que trata de eludir su responsabilidad, imputándoles la conducta a los denunciantes".
Por todo ello, advierte al fiscal que no va admitir en un tema de tanta trascendencia "maniobras jurídicas tan burdas como las que se deducen" de su escrito de ayer. "A la Fiscalía General del Estado y a la inspección Fiscal bajo su dependencia corresponde el deber de investigar aquellos hechos en los que aparecen indicios de responsabilidad criminal, como es el caso que nos ocupa, y no frivolizar con escritos de trámite de nula entidad jurídica, como el que en el día de ayer nos ha trasladado", concluye.