No imaginaba el juez Baltasar Garzón el 16 de octubre de 2008, cuando decidió abrir causa general a la Guerra Civil y el franquismo, que éste esperpéntico procedimiento judicial lo apartaría del juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. El motivo: la querella interpuesta contra el juez por prevaricación que el Tribunal Supremo admitió a trámite hace un año y que el magistrado Luciano Varela ha investigado hasta llegar a la conclusión de que Garzón debe sentarse en el banquillo de los acusados para responder por sus actuaciones.
El pasado 27 de mayo el Alto Tribunal hacía público un auto en el que admitía a trámite la querella interpuesta a priori por el sindicato Manos Limpias, a la que a posteriori se sumó la asociación Libertad e Identidad y la Falange -actualmente, expulsada del proceso- por declarase competente para investigar la Guerra Civil y el franquismo, saltándose la Ley de Amnistía de 1977.
El delito de prevaricación, tipificado en el artículo 446 del Código Penal, consiste en dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son y es, según múltiples juristas, el hecho delictivo más grave que se le puede imputar a un juez respecto al ejercicio de sus funciones.
En el auto donde Garzón procesaba a Franco, Mola y Queipo de llano, el juez estrella afirmaba que “los hechos objeto de denuncia nunca han sido investigados penalmente por la Justicia española, por lo que hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la Humanidad”. Olvidaba el magistrado que si no habían sido investigados es porque existe la Ley de Amnistía.
Enfrentamiento con el fiscal
Desde un primer momento, Garzón negó tajantemente haber incurrido en prevaricación alguna y defendió que con su causa general al franquismo no se apartó de la "finalidad legal" de investigar los hechos, depurar las posibles responsabilidades y, especialmente, dar protección a las víctimas con dicha causa. Sin embargo, durante los meses que duró la investigación del caso de la Memoria Histórica, el juez protagonizó una dudosa instrucción que le llevó a enfrentarse encarnizadamente con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Hasta en tres ocasiones el Ministerio Público le advirtió al juez estrella que carecía de competencia para instruir esta causa.
En uno de los escritos de la Fiscalía de la Audiencia, Zaragoza subrayaba que el superjuez había construido “un singular andamiaje jurídico consistente en vincular aquellos delitos, mediante una laxa interpretación de las normas de conexión, con un delito contra los Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno – hoy inexistente en el Código penal vigente- cuando es público y notorio que los posibles responsables de ese delito de rebelión han fallecido, y que en todo caso dada su condición y su responsabilidad la competencia para la instrucción y enjuiciamiento de los mismos correspondería al Tribunal Supremo”.
Además, el Ministerio Público sostuvo que “en síntesis, puede afirmarse que la pretensión de conocer todo y de todos en un solo procedimiento quiebra las más elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una inquisición general prohibida en nuestra Constitución, particularmente proscrita por la doctrina constitucional”.
"Conciencia de la ley"
Sin embargo, Garzón no sólo recibió críticas internas sino también externas. El hecho de que quisiera constituirse “en tribunal de la conciencia de la ley”, llegando a pedir hasta el certificado de defunción de Franco, no pasó desapercibido por nadie. Más cuando en el año 2000, el mismo magistrado rechazó investigar las querellas interpuestas contra Santiago Carrillo por los crímenes de Paracuellos alegando que los delitos estaban "prescritos" y ateniéndose a dos "amnistías" producidas en 1975 y 1977.
El pasado 4 de febrero el magistrado Luciano Varela dictó un auto demoledor de 56 folios, donde volvió a rechazar el archivo de la causa abierta contra Garzón por un delito de prevaricación y dejó al juez de la Audiencia Nacional a un paso del banquillo. El magistrado dio por probado que había suficientes indicios para sospechar que Garzón prevaricó y subrayó que durante la instrucción de su causa general el instructor, en todo momento, fue “consciente de su falta de competencia y de que los hechos denunciados ya carecían de relevancia penal al tiempo de iniciar el procedimiento”.
Desde ese momento, la avalancha de recursos y recusaciones interpuestas por el juez estrella han sido la tónica dominante. No obstante, ninguna de ellas ha logrado salvarle de sentarse en el banquillo de los acusados y abandonar por la puerta de atrás la Audiencia Nacional.