En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la Unión de Guardias Civiles, una de las asociaciones de agentes con representación en el Consejo de la Benemérita, afirmó que, "de confirmarse los extremos publicados" en relación a que habría sido el Inspector Jefe de la Policía que investigó el chivatazo quien dio el propio soplo a la red de extorsión de ETA, "resultaría evidente que dicha instrucción habría partido de altas instancias políticas".
Por ello, solicitó que la investigación del autor del chivatazo "sea coordinada por la Fiscalía, mediante una unidad policial conjunta, formada por guardias civiles y policías nacionales. De esta manera, se evitaría, en la medida de lo posible, cualquier interferencia o injerencia de las instancias políticas, como así estarían apuntando los medios de comunicación que se han hecho eco de la noticia".
La Unión de Guardias Civiles pidió una "comparecencia urgente" del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que aclare lo sucedido. "Está en juego el buen nombre de todos los que, de alguna manera, conformamos, con nuestro trabajo diario, el Ministerio del Interior", señalaron.
Además, "debido a la gravedad de los hechos, y en aras de evitar un desprestigio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", esta asociación pidió "la creación de una Comisión de Investigación en el seno del Congreso. Los hechos lo merecen. De confirmarse los extremos publicados, estaríamos ante hecho muy grave: Filtrar datos policiales al aparato de ETA para que así evitaran la acción policial y de la justicia. Si esos datos no son ciertos, el buen nombre de las FSE no quedaría en entredicho, como ahora parece. Es necesario aclararlo sin ambages".