L D (R. Colomer) De acuerdo con la definición y sin tener en cuenta a qué se refieren con la observación “otras necesidades públicas”, la Unidad Militar de Emergencia está planteada para realizar misiones propias de Protección Civil y no intervenciones de tipo militar. Circunstancia que no ha pasado inadvertida entre los Ejércitos y la Armada que aunque poco proclives a la crítica de la cosa pública sí han aflorado voces contrarias a la creación de una unidad ad hoc -con todos los esfuerzos que ello conlleva- para realizar misiones impropias del estamento.
Entienden que las Fuerzas Armadas puedan actuar puntualmente en desastres naturales cuando las circunstancias así lo requieran pero no que se destine toda una unidad en exclusiva a tareas para las que no han sido formados en las academias militares.
Menos se comparte que la Unidad de Emergencia Militar acumule beneficios que se les niega a las propias Fuerzas Armadas. Desde 2005 hasta 2008 -fecha en la que se espera completar la plantilla de 4.310 efectivos- la UME absorberá 1.600 millones de euros. La UME ha atraído a los militares mejor cualificados aplicando una generosa política de sueldos, no ampliada al resto de la institución militar.
Tampoco ha habido apreturas en la ejecución de nuevos equipamientos. En junio 2006 se aprobó 400 millones de euros para adquisiciones, cifra que supera la media que se destina a la compra de nuevas tecnologías en el Ejército y en la Armada. “El Gobierno no va a escatimar esfuerzos para dotar a la UME de los mejores medios humanos y materiales”, sostuvo el entonces ministro de Defensa, José Antonio Alonso.
Las comunidades autónomas también se pusieron en pie de guerra contra la creación de la UME puesto que las tareas de Protección Civil como la gestión de incendios forman parte de sus competencias. La UME depende orgánicamente del Ministerio de Defensa y operativamente del Jefe del Estado Mayor de Defensa pero a quién se le pedirá responsabilidades si la gestión depende los gobierno autonómicos. Los problemas de coordinación están por llegar.
También deberá solucionarse una serie de incoherencias en términos legislativos. La UME se rige por el Código de Justicia Militar pero realizará intervenciones civiles junto con personal civil que no se responde a la misma legislación lo que puede dar lugar a situaciones complejas.