Menos de una semana después de que la ministra de Defensa anunciase en la Pascua Militar su intención de sacar adelante la ley de Derechos de los militares, eso sí, con la condición de que hubiese un amplio consenso parlamentario, Carmen Chacón inició este miércoles su primera ronda de contactos con algunos de los portavoces de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.
Estas reuniones, que en todos los casos sobrepasaron la hora de duración, se iniciaron primero con un encuentro a solas entre el portavoz de turno y la ministra, y continuaron con la entrada en la sala de los técnicos del ministerio de Defensa, los mismos que llevarían seis meses trabajando en el borrador de la ley. Precisamente, ese supuesto borrador no estuvo presente durante estos encuentros, en los que tan sólo se entregó a los representantes políticos un documento en el que se esbozaba brevemente en qué consistía este borrador.
La futura ley, según los datos recabados por Libertad Digital, tiene como marco principal de trabajo la sentencia del Tribunal Constitucional 2001, de 31 de octubre, que reconocía el derecho de asociación de los militares para defender sus derechos profesionales, aunque eliminando el derecho de huelga, de conflicto colectiva y de negociación colectiva.
El borrador estaría dividido en tres partes. En la primera, se desarrollaría el ejercicio de los derechos y deberes de los militares, tanto fundamentales como profesionales. Obviamente, regularía todos los derechos y deberes salvo las tres excepciones que marcaba la sentencia del TC.
La segunda parte del borrador, regularía el derecho al asociacionismo profesional en las Fuerzas Armadas. Se crearía un Consejo Asesor, órgano de participación de las asociaciaciones, en el que también habría representantes del ministerio. La gran incógnita de este órgano sería cómo estarían representadas las asociaciones militares o qué método se utilizaría para determinar la representatividad de cada una, puesto que el ministerio de Defensa tiene claro que bajo ningún concepto permitirá que haya elecciones en los cuarteles.
La tercera parte del borrador de la ley sería la encargada de desarrollar la creación y funcionamiento del Observatorio de la Vida Militar. Los técnicos de Defensa están trabajando en un órgano conformado por siete personas de reconocida solvencia profesional seleccionadas por la Cámara Baja, aunque son todavía muchas las dudas sobre cómo desempeñarían su trabajo y qué carga de trabajo tendrían.
La portavoz del PP en la Comisión de Defensa, Beatriz Rodríguez Salmones, mostró su esperanza, en declaraciones a Libertad Digital, en que la futura ley "se haga pensando en que tiene que servir para los próximos veinte o veinticinco años, y no hasta el próximo cambio de Gobierno" y señaló que la ministra le expuso que si la ley no tiene el consenso mínimo, al menos entre los dos partidos con posibilidades de gobernar, Defensa no la llevará siquiera hasta el Consejo de Ministros.
La dirigente popular destacó como una posible fuente importante de conflictos en la próxima ley la cuantificación de la representatividad de cada asociación profesional, y avanzó que su formación política propondrá que el Observatorio de la Vida Militar presente un informe anual y esté dotado de un cuerpo de técnicos de apoyo.
Por su parte, desde CiU, aseguraron a este periódico que el encuentro de su portavoz en materia de Defensa, Jordi Xuclá, con la ministra de Defensa fue "distendida y cordial" y destacaron que era el "primer encuentro" para afrontar la futura Ley de Derechos, por lo que todavía hay "mucho recorrido".