La Policía investiga el papel de CCOO en el pago de los ERE. La juez se pregunta por qué el sindicato fue tomador de una póliza de tres millones de euros para once trabajadores. Tanto UGT como CCOO obtienen ingresos por asistir "profesionalmente" a los trabajadores y a las empresas en los Expedientes de Regulación de Empleo aunque aún no se ha hecho pública una relación de ingresos por estos conceptos.
Por intermediar el ERE de una empresa de electrodomésticos, el sindicato CGT denunció que UGT y CCOO habían cobrado 6.500 euros cada uno en concepto de honorarios. Según UGT, estos honorarios servían para cubrir los gastos de los no afiliados y se suman, claro, a las subvenciones que los sindicatos cobran de los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas e incluso de Diputaciones y Ayuntamientos. Por su parte, el PSOE saca la artillería contra la juez y la acusa de filtrar papeles a la prensa.
ABC cuenta hoy que una póliza de tres millones fue tomada por la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Andalucía y que se destinó a once trabajadores. Naturalmente, el hecho se incluye entre las pesquisas que la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha encargado a la Policía. En el auto que ordena la investigación, firmado hace un mes, se solicitaba que se investigasen "todas las circunstancias relativas a que el tomador de la póliza sea CCOO de Andalucía y como llega a asumir tales funciones". Además la juez ordena que se investigue por qué para esta empresa y sólo para once prejubilados se destinan casi once millones mientras que para otras en las que el número de prejubilados es muy superior (por ejemplo Surcolor con 26) la cantidad de la prima es inferior.
El auto ordena que "se practiquen todas las gestiones encaminadas a explicar por qué el tomador es CCOO y cómo llega a asumir tales funciones y quién abona las primas". Y le reclama los certificados individuales de adhesión de todos los prejubilados así como que se aporten las vidas laborales de los trabajadores acogidos al ERE y de los intrusos señalados por la Junta Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón. Ese auto, en el que la juez advirtió al ex consejero Antonio Fernández y al ex director General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, de que serán imputados de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, también imputa a otros presuntos intrusos. Se trata de Patrocinio Sierra (esposa de Juan Lanzas), María Nieves Ruiz, María José Martínez y Ángeles Sierra. Además de pedir el organigrama de los directores generales de Trabajo y directores del IFA también pide a la Agencia Tributaria que investigue las repercusiones fiscales de las rentas percibidas por intrusos.
Pero también reclama, sigue ABC, gran cantidad de documentación como la vida laboral de doce falsos trabajadores de Bonpunt y dos de Cydeplast además de otros 48. La investigación también requiere datos sobre Germans, de la que solicita los requisitos para la prejubilación así como el dato dado por la Junta de que Luis Vera y Ana Bohórquez, incluidos como falsos trabajadores en Bonpunt, también pudieran estar incluidos en las prejubilaciones de Germans. De Sos Cuétara, pide la vida laboral de 34 trabajadores y los datos de Victorina Madrid (suegra de Guerrero incluida en el ERE). En cuanto a Saldauto, pidió la vida laboral de varios asegurados de la póliza de Apra leven: Francisco Delgado, Antonio González, Francisco de Paula Hernández, José Herrero, Guillermo Jiménez, Guillermo López, Rafael Rodríguez y Antonio Toro. De esta empresa también pide que se investigue por qué recibió la póliza antes del ERE.
La investigación abarca la póliza financiada por la Junta de Andalucía con una prima de 812.989 euros para Antonio García, Alejandro Millán y Rafael Ruiz. O el por qué, después de transferir un millón a Hitemasa, a Dirección General de Trabajo distribuyó partes de esa cantidad: 400.000 euros a Graficrommo, 155.808 al Grupo Cortefiel y 300.000 euros a Antonio García, Alejandro Millán y Rafael Ruiz. La juez ha pedido igualmente las vidas laborales de otros dos intrusos señalados por la Junta, en el ERE de Calderinox Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández, quién es Estrella Blanco y la inclusión de José Antonio Márquez y Manuel López en el ERE de Surcolor. También la vida laboral de doce trabajadores incluidos en el ERE de Springer Arteferro.
El PSOE ya no se contiene y ataca a la juez
Mientras la Junta de Jueces de Instrucción debate hoy una petición de Mercedes Alaya para que la eximan del reparto del juzgado durante tres meses y le pongan un juez de apoyo dado el trabajo que tiene (además de los ERE, Mercasevilla y el Betis), el PSOE ya no sabe qué hacer para desacreditar la labor de la juez. Aunque al principio se adhirió a la petición de las defensas del caso Mercasevilla y del fiscal para recusarla, recusación que fue desestimada, ahora la acusa de filtrar documentación a la prensa.
Como es habitual ya, el elegido para tal misión ha sido el portavoz parlamentario Mario Jiménez que insinuó ayer que desde el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es Mercedes Alaya, se están filtrando a los medios de comunicación informes sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que le ha enviado la Junta de Andalucía. Tras matizar que su partido "no hace juicios de valor sobre los órganos jurisdiccionales ni vamos a someter a escarnio público a ningún juez ni a las fuerzas de seguridad", Jiménez lamentó que «es un hecho objetivo que cuando la Junta remite al Juzgado la documentación, al día siguiente está en los medios de comunicación».
La "fuga" se produce —puntualizó— "antes incluso de que la documentación se comunique a las partes". La de ayer es la primera crítica velada del grupo socialista a la magistrada, que custodia los informes —que suman más de 150.000 folios— que le ha enviado el Gobierno andaluz desde que arrancó la instrucción, donde la Administración andaluza también está personada.
Pero cabe considerar que esta es la respuesta de Griñán a la jueza, que quería y quiere estar en posesión de las actas de las sesiones del gobierno andaluz con su correspondiente documentación, entre la que podría encontrarse la relativa a los informes de la Intervención sobre la legalidad de los procedimientos del fondo de reptiles.
El PP-A dice que, según marca el artículo 30.3 de la Ley de gobierno, esas actas "no son reservadas", por cuanto no incluyen ni las deliberaciones realizadas en esos consejos ni los votos individuales expresados por sus integrantes, tal como señaló ayer la portavoz de esta formación, Rosario Soto.