El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha emitido un comunicado recogiendo varias matizaciones del juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela sobre la Operación Brugal. En la nota, aclara que la operación comenzó en marzo de 2007, hace más de tres años, y todas las diligencias previas hechas en torno a ella están bajo secreto de sumario. A lo largo de estos años, explican, varios jueces han asumido la investigación, "de forma permanente u ocasional". Quien ahora lo lleva asumió el caso el mes de febrero, "con lo que la causa contaba ya con casi tres años naturales de investigación".
En la nota, el juzgado indica que el titular del juzgado de Orihuela que lleva la investigación "no hará ninguna alusión siquiera sucinta a los hechos, delitos ni personas físicas" por hallarse toda la investigación bajo secreto de sumario. Pero es el punto 6 del comunicado, relativo a Ripoll, aunque sin nombrarlo, el más llamativo:
"Se debe remarcar que NO existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna".
Y continúa:
"No se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial".
El Tribunal, en la nota, añade que "no existe autorización expresa ni tácita a la Oficina Judicial, Ministerio Fiscal ni Policía Judicial, entendidos en un sentido amplio, a proporcionar información sobre estas actuaciones por evidente riesgo de desvirtuar el secreto de las mismas".
Concluye el comunicado recordando que cualquier información sobre este asunto "no se halla expresa o tácitamente autorizada judicialmente" y apunta que el juzgado de Orihuela que está al frente "no tiene prevista ninguna actuación ni toma de declaración que guarden relación con estas diligencias durante el día de hoy".
La advertencia del TSJCV llega un día después de que la Dirección General de la Policía emitiera una nota de prensa dando todo tipo de detalles sobre la operación. Se informaba de que se habían practicado "once detenciones" y se aclaraba que entre ellos se encontraba "el Presidente de la Diputación Provincial de Alicante". "Según los casos", continuaba el comunicado, "se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento". También se detallaba lo encontrado en los registros: "numerosa documentación de interés para la investigación, dinero en efectivo y soportes informáticos". Por la tarde, se difundiría que en la vivienda de Ripoll se habían encontrado 60.000 euros, una información de la que se hicieron eco varios medios y que el dirigente popular negó esta mañana.
En su rueda de prensa, Ripoll dio a conocer el contenido de su cédula de citación, encabezada exclusivamente por los membretes del Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía. En ella, se le comunica que "debe personarse" este jueves en el juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela, "en virtud de lo acordado" por ese mismo juzgado, y se le advierte de que si no comparece "se adoptarán las medidas legales correspondientes".
Las explicaciones de Interior
Tras las denuncias del PP y la nota emitida por los jueces, fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press han salido al paso de las críticas indicando que el arresto de Ripoll se enmarca en la autoridad y en la competencia que la Policía Nacional tiene para arrestar a sospechosos sin la necesidad de autorización judicial.
Afirman que las detenciones practicadas por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía son "perfectamente legales" y añadieron que son "habituales" en este tipo de operativos. Añaden que las entradas de registro se hicieron a partir de una autorización judicial.
Las fuentes consultadas aseguraron que no hay ninguna diferencia de criterio entre el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y la Policía después de que el tribunal autonómica negase que hubiese ordenado la detención de ninguno de los implicados al tiempo que aclaró que ninguno de ellos se encuentra imputado por ningún delito.
Sinónimos de imputar
La razón de esta aclaración, indican, es que ayer por la noche, el Ministerio del Interior difundió un comunicado de prensa en el que anunciaba la detención de nueve personas y añadía que "se les imputan los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento".
Las fuentes de Interior especificaron que el término "imputar" es una expresión que se utiliza habitualmente para explicar este tipo de operaciones como un sinónimo de "relacionar" o "vincular", pero recordaron que la Policía no tiene capacidad para imputar y que es el juez quien tiene la competencia exclusiva para ello, si bien aun no se ha producido.
Otro de los puntos sometidos a debate hoy es el hecho de que Ripoll asegurase en rueda de prensa que ha sido citado a declarar por el Juzgado de Orihuela, si bien la citación que mostró ante los medios de comunicación portaba el sello de la Policía y el Ministerio del Interior.
En este caso, las fuentes consultadas explicaron que el Juzgado puede cursar la citación bien por medio de uno de sus agentes judiciales o por la Policía y de ahí que en este caso el documento llevase la firma de un funcionario policial. Estas fuentes no precisaron si Ripoll ha sido citado a declarar como imputado o en calidad de testigo, si bien, según comunicó este miércoles Pons, en el oficio no se comunica la necesidad de acudir con abogado, requisito obligatorio en el caso de los imputados.
Con este panorama y ante las distintas versiones sobre el cuestionado arresto, fuentes próximas a Ripoll insisten en que desconocen los "cargos" contra él y confirman que se les ha indicado que el juez nunca autorizó detención alguna, informa Pablo Montesinos. Consideran lo ocurrido como un "auténtico atropello judicial" y un "atentado contra los derechos" y afirman que Ripoll no está imputado. La clave estará en la declaración de este miércoles.