Es una de las más graves consecuencias de llevar en el poder "toda la vida". El Partido Popular ha hecho público un comunicado por la libertad de expresión ante las denuncias de "injerencias" realizadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha discriminando a determinados medios de comunicación díscolos.
La historia no es nueva, pero denota el nerviosismo de los socialistas, que ven todas las encuestas en su contra. Ya en el año 2000, con José Bono todavía en el poder, el Ejecutivo regional intentó crear una "agrupación de televisión locales con control autonómico", de la que da cuenta la prensa de la época.
El encargado de negociar con los medios era el delfín de Bono, y actual presidente de la Junta, José María Barreda. Ya en las reuniones, dejó entrever su opinión con respecto a quienes no comparten doctrina: "o se está con nosotros o vayan preparando la vaselina", dijo, según la transcripción del encuentro.
Diez años después, el barón socialista intenta amordazar a los pocos medios locales y regionales que critican a su Gobierno, que utiliza la publicidad institucional –según confiesan, "básica para sobrevivir" en estos tiempos– para manejar "a su antojo" las informaciones.
Uno de esos medios críticos con el Ejecutivo es la revista Ecos, conocida por sus denuncias sobre el mal avenido aeropuerto de Ciudad Real. Unas informaciones que nada gustan a Barreda, que intentó a través del secretario de Organización del PSOE, José Manuel Caballero –que ni tan siquiera es miembro de su gabinete–, que desistieran amenazando a la cabecera con retirarle la publicidad institucional.
Ecos respondió con un durísimo editorial a la par que tanto la Federación de Periodistas como el Partido Popular denunciaron públicamente esta "cacicada". En el caso de los populares, fue la propia presidenta del partido, María Dolores de Cospedal, quien se puso al frente de la queja, aprobando un comunicado oficial con cuatro puntos fundamentales:
- Mostrar su apoyo a todos los medios de comunicación que vienen sufriendo algún tipo de discriminación por parte del gobierno regional, por el mero hecho de ejercer libremente sus más elementales derechos constitucionales.
- Expresar su apoyo a todos los periodistas y a las empresas de comunicación que vienen sufriendo presiones intolerables y amenazas veladas por parte de miembros del gobierno regional y dirigentes socialistas por ejercer su derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
- Condenar enérgicamente los hechos denunciados por lesionar el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz por parte de cualquier medio de comunicación.
- Condenar la falta de transparencia y la discriminación de medios, en los criterios de reparto de la publicidad institucional utilizados por el gobierno regional y dirigentes socialistas. Conductas que devienen más graves si tenemos en cuenta que se realizan con recursos públicos y con la finalidad de cercenar el pluralismo como pilar básico de nuestra democracia.
Un escenario "inadmisible" que llevó a Cospedal a hacer la siguiente promesa política: "me comprometo a garantizar los derechos de los periodistas y a velar por una distribución de recursos públicos objetiva, transparente y ajena a la arbitrariedad". Además, este mismo martes, su grupo parlamentario ha pedido la comparecencia urgente de la directora general de comunicación, Mercedes Pastor.
"En Castilla-La Mancha no existe una verdadera pluralidad informativa, el Gobierno de Barreda lo controla casi todo, y los pocos que no acatan intenta ser depurados", sentencian fuentes del PP.