L D (Europa Press) Del total de 89 acusados que desde el año 2005 han sido juzgados en la Audiencia Nacional en distintos procesos relacionados con el terrorismo islamista, 42 fueron absueltos por la propia Audiencia Nacional o posteriormente tras recurrir sus condenas por el Tribunal Supremo. Esto supone que el 47 por ciento de los procesados no fueron condenados finalmente. Asimismo las distintas sentencias dictadas a lo largo de los últimos cuatro años siempre redujeron considerablemente las peticiones de pena solicitadas por la Fiscalía.
El primer caso que llegó a juicio en España en relación al terrorismo islamista se produjo de la mano del juez Baltasar Garzón, quien procesó a 24 personas tras la denominada "operación Dátil", desarrollada en noviembre de 2001. El juez les consideraba integrantes de la célula de Al Qaeda en España y les acusaba de participar en los atentados del 11-S.
El presunto líder del grupo era Imad Eddin Barakat Yarkas, 'Abu Dahdah' a quien, en septiembre de 2005, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a 27 años de prisión por conspiración para homicidio terrorista frente a la postura de la Fiscalía, que pedía para él una condena de 62.512 años de prisión.
En el mismo proceso, la Audiencia Nacional condenó a otros 17 integrantes de esta célula a penas de entre 6 y 12 años de prisión, mientras que absolvió a seis acusados. Dicho de otro modo, del total de 223.231 años de cárcel que el Ministerio Público pedía para los 24 acusados, el tribunal tan sólo impuso un total de 169 años a 17 de ellos.
Además, posteriormente, en junio de 2006, el Tribunal Supremo rebajó a 12 años la pena para "Abu Dahdah" al considerar que formaba parte una banda terrorista, pero negó su vinculación en el 11-S. Además, el alto tribunal absolvía a otros tres acusados más.
El 11-M, sin autoría intelectual
Tras varios años de instrucción, en febrero de 2007 se iniciaba el juicio en la Audiencia Nacional contra 29 acusados por su participación en el 11-M. Finalmente, ocho meses después, el tribunal de la Audiencia Nacional absolvía a siete de ellos, incluido el presunto líder intelectual Rabei Osman Sayed, "El Egipcio", para quien la Fiscalía pedía 38.962 años. Concretamente, del total de los 311.959 años solicitados por el Ministerio Público para todos los acusados, el tribunal accedió a 120.755.
Asimismo, en este caso, el Tribunal Supremo condenó después a uno de los absueltos pero absolvió a otros cuatro acusados y rebajaba levemente las penas a otros seis condenados por la Audiencia Nacional.
Otro caso similar fue el relativo al denominado "comando Dixán", formado por seis miembros de una presunta célula islamista, detenidos en 2003 y a los que se les incautaron productos que "podían usarse para fabricar napalm casero", según la Fiscalía. Los propios procesados aseguraron que utilizaban las sustancias aprehendidas en su trabajo, una empresa de fabricación y limpieza de piscinas.
De hecho, el apelativo de "comando Dixán" fue acuñado por la propia defensa de los procesados al recordar que la investigación policial determinó que las sustancias incautadas en diversos domicilios eran productos domésticos. El Ministerio Fiscal pidió para ellos penas de entre 22 y 32 años de cárcel, pero la Audiencia Nacional en febrero de 2007 tan sólo condenó a cinco de ellos a penas de trece años y absolvió al sexto acusado.
Les consideró autores de un delito de pertenencia a organización terrorista y falsificación de documentos, pero negó que tuviesen capacidad para fabricar napalm casero por lo que les absolvió de los delitos de terrorismo y tenencia de explosivos que les atribuía la Fiscalía. Cinco meses después el Tribunal Supremo les rebajó a un más las penas que pasaron a estar comprendidas entre 5 años y tres meses a siete años de cárcel.
El fiasco de la Operación Nova
En octubre de 2007, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzó el juicio por terrorismo islamista con más acusados de la historia. Un total de 30 personas, procesadas por el juez Garzón a partir de la denominada operación Nova se sentaron en el banquillo acusadas de conformar una célula islamista creada en distintas cárceles de España.
Entre sus objetivos una vez abandonada la prisión estaba, supuestamente, la idea de volar el edificio de la Audiencia Nacional valiéndose de un camión cargado con 500 kilos de explosivo. Así se deducía, según el juez, de la correspondencia que los acusados intercambiaban durante su estancia en la cárcel.
Sin embargo, tras varios meses de juicio, el tribunal absolvió a 10 de los 30 acusados y redujo considerablemente las peticiones de penas solicitadas por la Fiscalía. De los 455 años que pedía el Ministerio Público, finalmente sólo fueron interesados 173 para la veintena de condenados.
Además, la sentencia absolvía a toda la banda del delito de conspiración para atentar contra la Audiencia Nacional que sostuvo el Ministerio Público desde el inicio del proceso. Posteriormente, el Tribunal Supremo fue más allá y el 7 de octubre de 2008 absolvió a otros 14 de los 20 acusados. El resultado final de esta operación por tanto fue de seis condenados de los 30 procesados inicialmente por Garzón.
Este nuevo revés del Tribunal Supremo provocó un debate sobre el modo de llevar a cabo las operaciones contra los acusados por terrorismo islamista ante el que la Fiscalía respondió asegurando que mantendría su criterio de perseguir de forma preventiva el terrorismo islamista.
Fuentes fiscales expresaron entonces su malestar por aquella sentencia y aseguraron que el Ministerio Público no se plantea ningún cambio de criterio a la hora de perseguir este tipo de actividades terroristas, al entender que el objetivo principal de su actuación debe ser evitar atentados en los que pueda haber víctimas. "No vamos a tirar la toalla, vamos a seguir trabajando aunque quizá haya algún ajuste y quizá se mejoren las investigaciones", apuntaron las fuentes consultadas.
El último proceso
En relación a la última causa pendiente por terrorismo islamista de la Audiencia Nacional derivada de la denominada 'operación Tigris', de momento, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal ya puso en libertad el pasado 24 de marzo a nueve de los catorce procesados por su presunta integración en una célula con base en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).
Esta célula, acusada entre otras acciones de ayudar a huir a varios autores del 11-M, fue juzgada desde el pasado mes de febrero en la Audiencia Nacional. La decisión de liberar a nueve acusados se produce a la espera de que en los próximos días se les comunique de manera oficial el fallo de la sentencia.
No obstante, estas liberaciones hacen prever que serán absueltos o condenados a penas inferiores al doble de años que llevan en prisión preventiva, circunstancia que implica su puesta en libertad inmediata.