La presentación de Sortu, el nuevo partido de Batasuna, contó ayer con una invitada de lujo. Nada menos que la prsidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrun, conocida simpatizante de los postulados independentistas.
Tan emocionaba estaba que no dudó en manifestarse "muy ilusionada y muy contenta" con el renacimiento de los batasunos, echarse en los brazos del abogado Iñigo Iruin, uno de los impulsores del nuevo partido. Ni corta ni perezosa, dijo que "los estatutos son impecables" y cumplen de pe a pa la Ley de Partidos, pese a que aún o se habían presentado.
Horas después, en Radio Euskadi, el fiscal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Vasca, Juan Calparsoro, decía que se da la "apariencia" de que Batasuna ha roto con ETA y que la Ley de Partidos no exige la palabra "condena" a ETA para que un partido se presente a las elecciones. "Hay en juego derechos básicos, uno que sería el derecho a la participación política de un grupo importante de la Ciudadanía de la Comunidad Foral Navarra y de la Comunidad Autónoma Vasca". Aunque hay otros derechos en juego. Los de "otros ciudadanos vascos que han sido vulnerados de manera sistemática y continuada a lo largo de estos años y que, en muchos casos, son prevalentes: el derecho a la vida, a la libertad".
Considera que entre esta Batasuna y la otra Batasuna "no hay una continuidad desde el momento en que hay un cambio", obviando que los que lo presentan son los batasunos de siempre. "Continuidad es cuanto a lo que es el sector político de donde proviene, pero hay un cambio evidente, que hay un rechazo expreso de la violencia, es un cambio relevante, notable y destacable".
Al mismo tiempo que producen estas declaraciones de bienvenida, el Tribunal Supremo revoca la sentencia condenatoria de Otegi aludiendo falta de imparcialidad de la presidenta del tribunal que lo juzgó. Sólo 24 horas después de que los batasunos presentaran su nuevo proyecto para ir a las elecciones de mayo con el aplauso de Gobierno y PSOE. Y se trata del mismo tribunal que tendrá que decidir si Sortu es legal o no.