Las denuncias y quejas presentadas contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el registro del Consejo General del Poder Judicial se han sucedido en los últimos meses. Sin embargo, este órgano sólo ha penalizado en una ocasión y por una falta leve al juez estrella. Dejar el libertad por error a dos narcotraficantes turcos le costó 300 euros. Ésta es la primera sanción que el instructor ha recibido por parte del Consejo.
En esta misma línea de actuación, el órgano de gobierno de los jueces ha acordado este jueves por unanimidad archivar la investigación abierta en relación con el dinero que el juez recibió durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006. Para el Consejo, Garzón "no incurrió en ninguna falta disciplinaria". En contraposición, el Tribunal Supremo sí apuntó que el instructor podría haber incurrido en una falta "muy grave" al ocultar al gobierno de los jueces estos ingresos. De hecho, el Alto Tribunal llegó a llamar la atención al Consejo cuando le ordenó reabrir esta causa argumentando que se archivó a priori sin practicar diligencia alguna.
El órgano encargado de sancionar a los jueces en el CGPJ es la Comisión Disciplinaria. Dicha comisión está compuesta por los vocales Pío Aguirre, Miguel Carmona, Margarita Uría, Gemma Gallego y el vocal José Manuel Gómez Benítez, quien se abstiene de los asuntos que competen al juez al haber ejercido como abogado del mismo.
Como ya informó LD, se da la circunstancia de que Aguirre, presidente de la Comisión Disciplinaria, natural de Jaén como Garzón, es amigo del mismo. Una relación mucho menos conocida de cara a la opinión pública que la que une al instructor con Gómez Benítez y a pesar de la cual el vocal jienense no se aparta de los asuntos que competen a su colega.
Da igual que Garzón deje en libertad a dos delincuentes, cobre un doble sueldo mientras pide una excedencia, aproveche un permiso de trabajo para irse de vacaciones...las investigaciones abiertas en el Consejo contra él quedan en saco roto.
A continuación, se enumeran las principales denuncias que el CGPJ ha archivado en los últimos meses contra el juez estrella.
Viaje a Perú en 2007: El pasado 24 de junio la Comisión Disciplinaria acordó archivar las diligencias informativas en relación con una queja presentada contra el juez de la Audiencia Nacional por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón por su viaje a Perú. En aquella ocasión, los letrados denunciaron al juez por utilizar datos no correctos a la hora de pedir un permiso para viajar. La denuncia reflejaba que Garzón pidió el permiso para acudir a Lima con ocasión del II Encuentro sobre Financiamiento del Terrorismo entre los días 8 y 14 de agosto de 2007. No obstante, el juez aprovechó para desplazarse al Amazonas donde estuvo pescando pirañas en el río Napo.
Filtraciones sumariales: El 24 de marzo la Comisión Disciplinaria, de conformidad con la propuesta del Servicio de Inspección, acordó por unamimidad el archivo de las denuncias incoadas a raíz de las denuncias formuladas por la representación del Partido Popular y por el senador popular Luis Bárcena, sobre filtraciones de actuaciones judiciales que se practicaron en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular Garzón.
Cacería con Bermejo: El 10 de marzo el Pleno del Consejo archivó la denuncia del PP contra el instructor por irse de caza con el entonces ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo en el mismo fin de semana en el que se abría la operación Gürtel. Garzón compartió mesa y mantel de nuevo con Bermejo y con el Comisario General de la Policía Judicial, responsable de la unidad policial encargada de los informes contra el PP.
Causa general a la Guerra Civil y el franquismo: El pasado 12 de noviembre, el Consejo General del Poder Judicial archivó la información previa abierta a raíz de una queja del sindicato Manos Limpias contra Garzón por abrir una investigación sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Este mismo motivo le ha costado al juez su imputación por un delito de prevaricación en el Tribunal Supremo. El Consejo ni siquiera investigó la causa.