Cómo será la cosa que cuando hace muchos años El Mundo publicó que el PSOE ofrecía un puesto en el Consejo General del Poder Judicial al juez Márquez, instructor del caso Guerra, el fiscal, por entonces, Leopoldo Torres, ni movió un músculo. Sólo torció el gesto el fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, Alfredo Flores que, cuando creía llegada la ocasión de meter mano al periodista que firmaba la crónica, el mismo que suscribe esta pieza, tuvo que recular cuando comprobó que el juez Márquez, en un acto de honestidad sin precedentes, se negó a desmentir la información.
Ahora, el fiscal general del Estado, tan activo en el caso Gürtel y otros que parecían afectar al PP aunque ya los tribunales dejan claro que de entrada no, se mueve menos que el viento de levante en calma en el caso de Mercasevilla. No sólo no se ha detenido a nadie con esposas y demás parafernalias de la cosa policial sino que calla modestamente mientras se va desvelando un caso vergonzoso, no tanto por las comisiones y dineros que personas afines al PSOE han organizado desde esta entidad municipal, sino por lo que tiene que modelo de funcionar en la sociedad sevillana y andaluza. Al famoso lea de "el que se mueve no sale en la foto", parece seguir ahora el de "el que no se retrata en la caja B, tampoco sale en la foto".
Lo que se va sabiendo de este caso es altamente tenebroso y afecta a la credibilidad de todo un partido, el PSOE, que tampoco mueve un músculo. Que el único que haya movido el pie para tratar de dar la patada en el culo del PP haya sido Alfonso Guerra, hermano de Juan, Antonio y otros más, no deja de ser sarcástico y ejemplifica como algunos quieren volver as las primeras páginas aunque sea bajo el estigma de la caricatura.
Mercasevilla es una empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Sevilla y de sus partidos de gobierno, PSOE e IU. Sus directivos o han actuado con el consentimiento del PSOE e IU o han actuado sin el conocimiento ni el consentimiento de estos. Lo cierto es que los gestores —principalmente el director, Fernando Mellet, y el subdirector, Daniel Ponce— de la empresa pública, ambos imputados, han dispuesto «a discreción» de los fondos de la empresa sin que se les exigieran cuentas por parte de sus superiores, quienes los habían colocado en los cargos. Así, dice ABC, se concluye en la auditoría de gestión realizada por Deloitte a encargo del Ayuntamiento tras saltar el escándalo de las comisiones en el «Merca», documento que analiza el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla .
Ciertamente la Fiscalía ya investigaba la charla de los directivos con los empresarios de La Raza en la que exigían una comisión ilegal de 450.000 euros para la Escuela de Hostelería si es que el restaurante sevillano La Raza quería hacerse con ella. Pero claro es que no hacer nada era incluso delictivo porque esa reunión fue grabada por los empresarios y la cinta entregada a la Fiscalía por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía —departamento que había otorgado una subvención de 900.000 euros para esa escuela de hosteleros—. Pero antes de estallar el escándalo, el ejecutivo local ignoró las irregularidades que se estaban produciendo.
El ex director y el subdirector de la empresa gestionada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Sevilla plantearon a dos empresarios del grupo de hostelería La Raza, a los que pidieron un maletín con 300.000 euros además de otros 150.000 euros, que era habitual el pago de comisiones e involucran a todas las administraciones en estas prácticas corruptas. «De todas las subvenciones que habitualmente recibimos hay que destinar una parte adonde la Junta en cada momento nos dice.
La Junta nos dice que es para los niños saharauis y yo me tengo que creer que es para los niños saharauis. Luego será para carteles de Felipe González, aunque me tengo que creer que es para los niños saharauis. Y nos imponen una serie de condiciones… La Junta en este caso nos ha impuesto que, teniendo en cuenta que es la subvención más alta que ha dado para una escuela de hostelería en Andalucía, tenemos que hacer un esfuerzo suplementario y nos ha hablado de una cifra redonda: 300.000 euros. Tendríais que aportar la ampliación (150.000 euros) y los 300.000», aseguró a los empresarios en la conversación grabada el subdirector de Mercasevilla, Daniel Ponce, quien continúa trabajando en la empresa municipal.
Los auditores detectaron gastos, por ejemplo, de 30.272 euros realizados con una tarjeta de crédito Visa sin que se hayan aportado los preceptivos justificantes. La tarjeta pertenece a la dirección general, al frente de la cual estaba Fernando Mellet, principal imputado por el intento de cobro de comisiones a empresarios. En la auditoría, además, se refleja otro gasto de 11.417 euros que no está debidamente justificado. Esta cantidad corresponde a una de las entregas de dinero a cuenta que percibió el ex subdirector de la empresa de abastos, Daniel Ponce, para dos viajes realizados a Vietnam con motivo de la Feria del Pescado. El coste de estos dos viajes asciende a 33.321 euros, según el informe de auditoría, pero un tercio de la cifra total de gasto carece de justificación. Ponce es otro de los imputados que ya fue citado por el Juzgado de Instrucción 6 por ese asunto de la petición al Grupo La Raza de 450.000 euros para un proyecto ya subvencionado previamente por la Consejería de Empleo.
Además, se gastaron 60.883 euros para comidas de Navidad y almuerzo anual con mayoristas de frutas, verduras y hortalizas, las cuales, pese a tener soporte de «facturas emitidas y visadas por la dirección», la auditoría considera como «gasto elevado» de «celebraciones diversas». En este ámbito, se incluyen también, por ejemplo, 8.200 euros por un par de servicios de cátering por un premio y por un congreso. Entre los gastos analizados aparece también el pago de los honorarios de un abogado por un importe de nada menos 22.674 euros, sin que se mencione el nombre del letrado en cuestión —que cobró 14.174 euros por su trabajo de 2007 y otros 8.500 por el realizado este año—.
Otro «asesoramiento» muy bien pagado es el realizado en 2007 y 2008 a la Asociación de Mayoristas de Pescado, colectivo al que se le pagó por «consultoría y otros conceptos» hasta 76.000 euros —38.000 por cada año—. Se supone que estos mayoristas asesoraron sobre el traslado a las nuevas instalaciones de la entidad. No menos llamativo resultan los 9.300 euros incluidos en el informe de Deloitte —aunque en esta ocasión en la Fundación Socioasistencial de la sociedad— para pagar una parte de una beca de estudios en el extranjero este mismo año a un tercero ajeno a la empresa municipal; en este caso, la auditoría señala que «no existe constancia de las bases o criterios que justifiquen la misma».
En el análisis de los capítulos de pagos, en los de operaciones de crédito o el de inversiones, Deloitte recalca que «en la práctica la única limitación existente es la marcada por los poderes otorgados a la dirección general», que obviaba su obligación de «comunicar todos sus pagos» a los responsables políticos. El límite de abono establecido para los directores es de 30.000 euros por operación, pero éste se ha superado en múltiples ocasiones y, además, no se ha realizado la comunicación pertinente de esos gastos a la comisión ejecutiva. «No se ha encontrado evidencia documental de que se haya informado a los órganos de gobierno de las operaciones de crédito e inversión financiera suscritas por las entidades», indica la auditoría que maneja la jueza. «No existe documento interno de instrucciones de contratación en el que se recojan los límites definidos» para los pagos que realice la dirección, indica también este informe, «lo cual ha dado lugar a que, en la práctica diaria, no exista nivel de aprobación superior a la Gerencia, existiendo gastos e inversiones que no han sido tratados por los órganos de gobierno, cuando así debería haber sido».
Pero el informe centra las anomalías en los directores de la empresa más que en los responsables políticos —y ejecutivos—, que han sido precisamente los que han encargado este análisis de gestión. El alcalde de Sevilla y su gabinete de coalición PSOE e IU deciden disolver la Fundación Mercasevilla, cuyas cuentas presentan un agujero contable de 1,1 millones de euros. Desde la oposición, se ha destacado el papel «pasivo» del Gobierno local ante todo este descontrol financiero.Una extorsión con muchos ceros
Por si fuera poco aparece un ex dirigente de UGT en la trama. La auditoría sirvió para conocer dos pagos por un montante total de 198.145 euros a dos empresas por «servicios de asesoramiento» para lograr que cuajase un expediente de regulación de empleo (ERE) en Mercasevilla. Una de estas empresas es Maginae Solutions S.L, cuyo administrador único es el cuñado del ex sindicalista de Jaén Juan Lanzas, y que facturó 143.145 euros por estas labores de asesoramiento. Lanzas, amigo del ex consejero de Gobernación Gaspar Zarrías, negó que su papel sea el de «conseguidor», un término que usó Fernando Mellet en la grabación que dio origen al caso para referirse a la «comisión» que tuvo que pagar en su momento para «lograr un ERE».
Pese a no tener nada que ver con la empresa municipal, Lanzas sí admitió, de hecho, haber realizado labores de intermediario entre la sociedad y la Delegación de Empleo de la Junta de andalucía para conseguir el ERE; el delegado de Empleo, Antonio Rivas, está también imputado en el caso. El segundo pago por asesoramiento en el ERE se realizó a la empresa Hermes Consulting, que cobró 55.000 euros en el ejercicio 2008.
El PP andaluz sospecha que en el escándalo de las comisiones exigidas por directivos de Mercasevilla a empresarios de hostelería, que desde mayo investiga la juez Mercedes Alaya, hay una trama que implicaría en estas prácticas no sólo al Ayuntamiento hispalense, como gestor de la empresa pública, sino también a la Junta de Andalucía. Los populares, tras el acoso sufrido por el «caso Gürtel», difundirán la prueba básica del caso, la grabación de una conversación en la que dos directivos de la empresa municipal exigen a dos empresarios el pago de 450.000 euros a cambio de asegurarles la gestión de una escuela de hostelería subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de Empleo.
Según El País, al margen del intento frustrado de soborno, la juez pidió un listado de las donaciones recibidas por Mercasevilla y descubrió una "adjudicación fraudulenta" a la constructora Sando del derecho de compra de los actuales terrenos de la empresa pública. Sando donó 246000 euros tras dicha opción de compra y así lograr optar a una bolsa de 363.000 metros cuadrados. Dos técnicos mostraron ante la juez su perplejidad por el concurso público con una "limitación al alza del precio", que permitió despreciar la opción de la constructora Noga, mejor que la de Sando. De este modo salió a relucir el decisivo papel de Jorge Piñero, asesor jurídico de Mercasevilla y vicedecano del Colegio de Abogados, que decidió los detalles del concurso junto a Mellet, según los técnicos.
Compárese el caso Camps, ya archivado judicialmente salvo recurso, con la envergadura de este caso y júzguese el comportamiento de la Fiscalía.
Ahora, el fiscal general del Estado, tan activo en el caso Gürtel y otros que parecían afectar al PP aunque ya los tribunales dejan claro que de entrada no, se mueve menos que el viento de levante en calma en el caso de Mercasevilla. No sólo no se ha detenido a nadie con esposas y demás parafernalias de la cosa policial sino que calla modestamente mientras se va desvelando un caso vergonzoso, no tanto por las comisiones y dineros que personas afines al PSOE han organizado desde esta entidad municipal, sino por lo que tiene que modelo de funcionar en la sociedad sevillana y andaluza. Al famoso lea de "el que se mueve no sale en la foto", parece seguir ahora el de "el que no se retrata en la caja B, tampoco sale en la foto".
Lo que se va sabiendo de este caso es altamente tenebroso y afecta a la credibilidad de todo un partido, el PSOE, que tampoco mueve un músculo. Que el único que haya movido el pie para tratar de dar la patada en el culo del PP haya sido Alfonso Guerra, hermano de Juan, Antonio y otros más, no deja de ser sarcástico y ejemplifica como algunos quieren volver as las primeras páginas aunque sea bajo el estigma de la caricatura.
Mercasevilla es una empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Sevilla y de sus partidos de gobierno, PSOE e IU. Sus directivos o han actuado con el consentimiento del PSOE e IU o han actuado sin el conocimiento ni el consentimiento de estos. Lo cierto es que los gestores —principalmente el director, Fernando Mellet, y el subdirector, Daniel Ponce— de la empresa pública, ambos imputados, han dispuesto «a discreción» de los fondos de la empresa sin que se les exigieran cuentas por parte de sus superiores, quienes los habían colocado en los cargos. Así, dice ABC, se concluye en la auditoría de gestión realizada por Deloitte a encargo del Ayuntamiento tras saltar el escándalo de las comisiones en el «Merca», documento que analiza el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla .
Ciertamente la Fiscalía ya investigaba la charla de los directivos con los empresarios de La Raza en la que exigían una comisión ilegal de 450.000 euros para la Escuela de Hostelería si es que el restaurante sevillano La Raza quería hacerse con ella. Pero claro es que no hacer nada era incluso delictivo porque esa reunión fue grabada por los empresarios y la cinta entregada a la Fiscalía por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía —departamento que había otorgado una subvención de 900.000 euros para esa escuela de hosteleros—. Pero antes de estallar el escándalo, el ejecutivo local ignoró las irregularidades que se estaban produciendo.
El ex director y el subdirector de la empresa gestionada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Sevilla plantearon a dos empresarios del grupo de hostelería La Raza, a los que pidieron un maletín con 300.000 euros además de otros 150.000 euros, que era habitual el pago de comisiones e involucran a todas las administraciones en estas prácticas corruptas. «De todas las subvenciones que habitualmente recibimos hay que destinar una parte adonde la Junta en cada momento nos dice.
La Junta nos dice que es para los niños saharauis y yo me tengo que creer que es para los niños saharauis. Luego será para carteles de Felipe González, aunque me tengo que creer que es para los niños saharauis. Y nos imponen una serie de condiciones… La Junta en este caso nos ha impuesto que, teniendo en cuenta que es la subvención más alta que ha dado para una escuela de hostelería en Andalucía, tenemos que hacer un esfuerzo suplementario y nos ha hablado de una cifra redonda: 300.000 euros. Tendríais que aportar la ampliación (150.000 euros) y los 300.000», aseguró a los empresarios en la conversación grabada el subdirector de Mercasevilla, Daniel Ponce, quien continúa trabajando en la empresa municipal.
Los auditores detectaron gastos, por ejemplo, de 30.272 euros realizados con una tarjeta de crédito Visa sin que se hayan aportado los preceptivos justificantes. La tarjeta pertenece a la dirección general, al frente de la cual estaba Fernando Mellet, principal imputado por el intento de cobro de comisiones a empresarios. En la auditoría, además, se refleja otro gasto de 11.417 euros que no está debidamente justificado. Esta cantidad corresponde a una de las entregas de dinero a cuenta que percibió el ex subdirector de la empresa de abastos, Daniel Ponce, para dos viajes realizados a Vietnam con motivo de la Feria del Pescado. El coste de estos dos viajes asciende a 33.321 euros, según el informe de auditoría, pero un tercio de la cifra total de gasto carece de justificación. Ponce es otro de los imputados que ya fue citado por el Juzgado de Instrucción 6 por ese asunto de la petición al Grupo La Raza de 450.000 euros para un proyecto ya subvencionado previamente por la Consejería de Empleo.
Además, se gastaron 60.883 euros para comidas de Navidad y almuerzo anual con mayoristas de frutas, verduras y hortalizas, las cuales, pese a tener soporte de «facturas emitidas y visadas por la dirección», la auditoría considera como «gasto elevado» de «celebraciones diversas». En este ámbito, se incluyen también, por ejemplo, 8.200 euros por un par de servicios de cátering por un premio y por un congreso. Entre los gastos analizados aparece también el pago de los honorarios de un abogado por un importe de nada menos 22.674 euros, sin que se mencione el nombre del letrado en cuestión —que cobró 14.174 euros por su trabajo de 2007 y otros 8.500 por el realizado este año—.
Otro «asesoramiento» muy bien pagado es el realizado en 2007 y 2008 a la Asociación de Mayoristas de Pescado, colectivo al que se le pagó por «consultoría y otros conceptos» hasta 76.000 euros —38.000 por cada año—. Se supone que estos mayoristas asesoraron sobre el traslado a las nuevas instalaciones de la entidad. No menos llamativo resultan los 9.300 euros incluidos en el informe de Deloitte —aunque en esta ocasión en la Fundación Socioasistencial de la sociedad— para pagar una parte de una beca de estudios en el extranjero este mismo año a un tercero ajeno a la empresa municipal; en este caso, la auditoría señala que «no existe constancia de las bases o criterios que justifiquen la misma».
En el análisis de los capítulos de pagos, en los de operaciones de crédito o el de inversiones, Deloitte recalca que «en la práctica la única limitación existente es la marcada por los poderes otorgados a la dirección general», que obviaba su obligación de «comunicar todos sus pagos» a los responsables políticos. El límite de abono establecido para los directores es de 30.000 euros por operación, pero éste se ha superado en múltiples ocasiones y, además, no se ha realizado la comunicación pertinente de esos gastos a la comisión ejecutiva. «No se ha encontrado evidencia documental de que se haya informado a los órganos de gobierno de las operaciones de crédito e inversión financiera suscritas por las entidades», indica la auditoría que maneja la jueza. «No existe documento interno de instrucciones de contratación en el que se recojan los límites definidos» para los pagos que realice la dirección, indica también este informe, «lo cual ha dado lugar a que, en la práctica diaria, no exista nivel de aprobación superior a la Gerencia, existiendo gastos e inversiones que no han sido tratados por los órganos de gobierno, cuando así debería haber sido».
Pero el informe centra las anomalías en los directores de la empresa más que en los responsables políticos —y ejecutivos—, que han sido precisamente los que han encargado este análisis de gestión. El alcalde de Sevilla y su gabinete de coalición PSOE e IU deciden disolver la Fundación Mercasevilla, cuyas cuentas presentan un agujero contable de 1,1 millones de euros. Desde la oposición, se ha destacado el papel «pasivo» del Gobierno local ante todo este descontrol financiero.Una extorsión con muchos ceros
Por si fuera poco aparece un ex dirigente de UGT en la trama. La auditoría sirvió para conocer dos pagos por un montante total de 198.145 euros a dos empresas por «servicios de asesoramiento» para lograr que cuajase un expediente de regulación de empleo (ERE) en Mercasevilla. Una de estas empresas es Maginae Solutions S.L, cuyo administrador único es el cuñado del ex sindicalista de Jaén Juan Lanzas, y que facturó 143.145 euros por estas labores de asesoramiento. Lanzas, amigo del ex consejero de Gobernación Gaspar Zarrías, negó que su papel sea el de «conseguidor», un término que usó Fernando Mellet en la grabación que dio origen al caso para referirse a la «comisión» que tuvo que pagar en su momento para «lograr un ERE».
Pese a no tener nada que ver con la empresa municipal, Lanzas sí admitió, de hecho, haber realizado labores de intermediario entre la sociedad y la Delegación de Empleo de la Junta de andalucía para conseguir el ERE; el delegado de Empleo, Antonio Rivas, está también imputado en el caso. El segundo pago por asesoramiento en el ERE se realizó a la empresa Hermes Consulting, que cobró 55.000 euros en el ejercicio 2008.
El PP andaluz sospecha que en el escándalo de las comisiones exigidas por directivos de Mercasevilla a empresarios de hostelería, que desde mayo investiga la juez Mercedes Alaya, hay una trama que implicaría en estas prácticas no sólo al Ayuntamiento hispalense, como gestor de la empresa pública, sino también a la Junta de Andalucía. Los populares, tras el acoso sufrido por el «caso Gürtel», difundirán la prueba básica del caso, la grabación de una conversación en la que dos directivos de la empresa municipal exigen a dos empresarios el pago de 450.000 euros a cambio de asegurarles la gestión de una escuela de hostelería subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de Empleo.
Según El País, al margen del intento frustrado de soborno, la juez pidió un listado de las donaciones recibidas por Mercasevilla y descubrió una "adjudicación fraudulenta" a la constructora Sando del derecho de compra de los actuales terrenos de la empresa pública. Sando donó 246000 euros tras dicha opción de compra y así lograr optar a una bolsa de 363.000 metros cuadrados. Dos técnicos mostraron ante la juez su perplejidad por el concurso público con una "limitación al alza del precio", que permitió despreciar la opción de la constructora Noga, mejor que la de Sando. De este modo salió a relucir el decisivo papel de Jorge Piñero, asesor jurídico de Mercasevilla y vicedecano del Colegio de Abogados, que decidió los detalles del concurso junto a Mellet, según los técnicos.
Compárese el caso Camps, ya archivado judicialmente salvo recurso, con la envergadura de este caso y júzguese el comportamiento de la Fiscalía.