Dos investigaciones judiciales que poco o nada se parecen entre sí. Una, la seguida para aclarar la desaparición y muerte de la joven sevillana Marta del Castillo. Otra, la desarrollada en torno a una trama de corrupción que alcanza a empresarios y a políticos del PP, conocida como Gürtel. Pues a pesar de las ingentes diferencias entre ambos procedimientos, la Fiscalía Anticorrupción aludió al juicio por el asesinato de la joven para justificar las escuchas de conversaciones entre tres acusados del caso 'Gürtel' y sus letrados en prisión.
De esta forma, el Ministerio Público trató de argumentar que las grabaciones no vulneraron el derecho de defensa de los procesados. Según consta en el sumario, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Fiscalía recuerda que el juzgado sevillano encargado de la violación y asesinato de Marta ordenó intervenir las comunicaciones de los acusados en este crimen desde prisión y, al hacerlo, grabaron también conversaciones con sus letrados.
Una de las defensas de los presuntos asesinos de Marta del Castillo recurrió la decisión y el tribunal resolvió que no tienen por qué excluirse de las escuchas las conversaciones de los acusados con sus letrados, aunque luego no debe desecharse todo lo que no interese al objeto concreto de la investigación.
De hecho, la Fiscalía concluye que, en el caso de Marta del Castillo, era "lícito aportar a la causa la grabación de las comunicaciones del imputado con su abogado" si en éstas se revelaba el lugar donde estaba el cadáver de la víctima.
Según Anticorrupción en el caso Gürtel ha sucedido "algo similar", porque las escuchas de conversaciones entre Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez y sus abogados eran para investigar un delito de blanqueo de capitales que se planeaba y ejecutaba desde prisión y que, en un auto de marzo de 2009, el juez acordó expulsar de la causa las conversaciones que no sirvieran al propósito de encontrar el dinero.
No obstante, la intervención de estas comunicaciones llevadas a cabo en primer lugar por el juez Baltasar Garzón –primer instructor del caso- y prorrogadas después por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, le van a costar al juez estrella un juicio por la violación de las garantías constitucionales y por prevaricación ante el Tribunal Supremo.