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La Fiscalía carga contra el tribunal de la operación Tigris

En un tono impensable y con unas declaraciones que no se recuerdan, la Fiscalía ha arremetido contra el tribunal de la operación Tigris. Insinúa que su móvil ha podido ser desacreditar a Garzón. "Es todo muy extraño". Muy duras han sido las acusaciones contra Enrique López, ponente de la sentencia.

L D (Europa Press) La Fiscalía de la Audiencia Nacional manifestó este martes su disconformidad con la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que ha absuelto a 10 de los 14 acusados por su presunta integración en una célula islamista, desarticulada en la conocida como Operación Tigris, que ayudó a huir a algunos de los autores del 11-M, según informaron fuentes fiscales, que adelantaron un presumible recurso ante el Tribunal Supremo.

La sentencia considera nula parte de la investigación realizada por los jueces de Instrucción Baltasar Garzón y Fernando Grande-Marlaska. Las fuentes fiscales consultadas por Europa Press critican expresamente la labor del tribunal y sostienen que "con otra Sala, el resultado habría sido distinto" y que "de tratarse de ETA y no de terrorismo islamista no hubiesen decretado tantas absoluciones".

La Fiscalía señala concretamente al ponente de la resolución, el magistrado Enrique López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial. "Este juez viene de estar 12 años fuera de la jurisdicción y esta es la primera sentencia seria que redacta, si está haciendo méritos para ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional, estos no son los mejores", indicaron las fuentes del Ministerio Público.

Con estas acusaciones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional hace referencia al hecho de que López es uno de los candidatos propuestos por el PP para ocupar un puesto tras la renovación del TC.

Las críticas también van dirigidas hacia otro de los magistrados que componían el tribunal, José Ricardo de Prada, de quien se recuerda su pasado como juez internacional español en la Sala de Crímenes de Guerra de la Corte de Bosnia-Herzegovina. "Allí los musulmanes son presentados como víctimas y eso también puede haber influido", indicaron.

En la misma línea, el Ministerio Público denunció la "actitud de hostilidad" mostrada por el tribunal, presidido por el juez Fernando García Nicolás, hacia la fiscal del caso, Dolores Delgado, durante el proceso judicial que tuvo lugar entre los pasados meses de febrero y marzo en las nuevas instalaciones de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.

"Es todo muy extraño"

"En la sentencia hay cosas fuera de lugar como el hecho de citar el nombre del magistrado que ha dictado una providencia, eso no se ha hecho nunca, y en este caso se cita al juez Garzón mientras que a Grande-Marlaska no se le cita. Da que pensar el móvil que han tenido, es todo muy extraño", enfatizaron.

Las fuentes consultadas expresaron sentirse "dolidas" por el resultado de esta resolución dictada desde una "idea preconcebida" al tiempo que defendieron la validez de las pruebas presentadas.

La sentencia, hecha pública este martes, anula la intervención de los correos electrónicos en los que se basó parte de la investigación que llevaron a cabo el juez Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón y el juez Central de Instrucción número 3, Fernando Grande-Marlaska, quien se hizo cargo del caso durante el tiempo que su compañero disfrutó de un permiso en Estados Unidos entre principios de 2005 y mediados de 2006.

No obstante, las mismas fuentes precisaron que los citados correos no eran determinantes para dictar las condenas. "No se entiende el afán de la sentencia a la hora de referirse y darle tanta importancia a los correos", dijeron la mismas fuentes que además recordaron como la Sala rechazó admitir una comunicación procedente de Estados Unidos, país que realizó parte de la investigación de los correos electrónicos de los acusados.

Asimismo, denunciaron otros aspectos concretos del proceso como la denegación de comisiones rogatorias o el hecho de mantener a uno de los testigos principales de la acusación "encerrado cinco horas sin comer en una celda antes de declarar". La Fiscalía de la Audiencia Nacional informó de que el Departamento que dirige Javier Zaragoza ya se ha puesto en contacto con los funcionarios policiales para comunicarles su apoyo.

Son "opiniones individuales"

Poco después de que estas declaraciones salieran a la luz la fiscal Delgado, rechazó esas declaraciones y aseguró que en estos momentos el Departamento estudia "objetiva y profesionalmente" un posible recurso ante el Tribunal Supremo.  

Asimismo, desde la Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dirigida por Javier Zaragoza, también rechazaron esas críticas a la resolución y aseguró que se tratan de "opiniones individuales que no reflejan el sentir del la Jefatura del Ministerio Público de la Audiencia Nacional".

Estas mismas fuentes matizaron que la Fiscalía "respeta y acata totalmente la sentencia y que en caso de que decida recurrirla lo hará según los cauces jurídicos procedentes".
 

La operación Nova

La última vez que la Audiencia Nacional celebró un macro juicio contra el terrorismo islamista fue a partir de la denominada operación Nova, instruida por Garzón, en la que fueron juzgados 30 supuestos miembros de una célula que pretendían atentar contra las dependencias judiciales de la propia Audiencia Nacional. De los 20 que finalmente fueron condenados, el Tribunal Supremo acabó absolviendo a 14 procesados y rebajando las penas para los demás.

Este fallo del alto tribunal provocó un debate sobre el modo de llevar a cabo las operaciones contra los acusados por terrorismo islamista ante el que la Fiscalía respondió en su día asegurando que mantendría su criterio de perseguir de forma preventiva el terrorismo islamista a pesar de la sentencia del TS.

Fuentes fiscales expresaron entonces su malestar por aquella sentencia y aseguraron que el Ministerio Público no se plantea ningún cambio de criterio a la hora de perseguir este tipo de actividades terroristas, al entender que el objetivo principal de su actuación debe ser evitar atentados en los que pueda haber víctimas.

"No vamos a tirar la toalla, vamos a seguir trabajando aunque quizá haya algún ajuste y quizá se mejoren las investigaciones", apuntaron las fuentes consultadas, que destacaron la necesidad de dar "una respuesta penal anticipada" para responder judicialmente a la amenaza del terrorismo islamista. "El objetivo es cortar por lo sano en vez de esperar que haya una tragedia", subrayaron.

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