Años después de las primeras revelaciones del caso Mercasevilla y muchos meses y escándalos después del estallido del caso ERE, la fiscalía Anticorrupción toma cartas en el asunto. La decisión se tomó ayer por la Fiscalía de Sevilla.
El fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Enrique Egocheaga, tendrá que estudiarse de cabo a rabo un sumario que tiene varios miles de folios dada la enorme cantidad de documentación solicitada por la Junta de Andalucía y la que aún falta por llegar. Además, se hará cargo de las otras tramas del caso Mercasevilla, como el de las comisiones pedidas a los empresarios de La Raza, el del supuesto delito societario o el de la adjudicación fraudulenta de una parcela de Mercasevilla a la empresa constructora Sando. Y eso, sin contar otros asuntos que también le corresponden de Anticorrupción.
La intervención de esta Fiscalía Anticorrupción se produce en casos de delitos contra la Hacienda Pública, contra la seguridad social y de contrabando, prevaricación, abuso o uso indebido de información privilegiada, o malversación de caudales públicos. También, según el estatuto del Ministerio Fiscal, de los fraudes y exacciones ilegales, delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociación prohibida a los funcionarios, defraudaciones y otros más. Extrañamente, en el caso Mercasevilla sólo había intervenido en la parte que hacía referencia al caso Mercasevilla, relacionado con la petición de comisiones a empresarios a cambio de la adjudicación de una escuela de hostelería.
Según la Junta de Andalucía, se han detectado 183 irregularidades, esto es, intrusos en los ERE. 72 de los 5.982 beneficiarios investigados por este motivo son intrusos y otros 111 que presentaban "discordancias administrativas".
Pero la juez Mercedes Alaya ya destapó la semana pasada que la Junta no contaba bien los intrusos o que le pasaban desapercibidos algunos. En el auto del que dimos cuenta hace unos días, Alaya explicaba cuántos y en qué empresas aparecían los nuevos intrusos. Dada la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de ERE, reclamaba un solo proceso judicial para todo el caso. Tendrá que compartir ahora la investigación con la Fiscalía Anticorrupción.