L D (J. Arias Borque) Las últimas elecciones municipales, celebradas en mayo de 2007, permitieron a Acción Nacionalista Vasca hacerse con 432 actas de concejal. 337 de ellas fueron en la comunidad vasca, 93 en Navarra, y dos en la provincia de Burgos, en el reivindicado por los nacionalistas Condado de Treviño. Estas cifras y algunos acuerdos con listas municipales y partidos nacionalistas les permitió alcanzar el bastón de mando en 42 municipios (24 en Guipúzcoa, nueve en Vizcaya, ocho en Navarra y una en Álava), 25 de las cuales tienen el respaldo de la mayoría absoluta.
El fallo de la Sala del 61 del Tribunal Supremo de ilegalizar y disolver a la última franquicia electoral de ETA afectará de manera relativa el funcionamiento de las instituciones en las que se encuentran los representantes de Acción Nacionalista Vasca. Así, en los ayuntamientos, el fallo no afectará directamente al acta de edil que tienen los representantes de ANV, pues esta es nominal, pero sí a su organización en el consistorio, su capacidad de representación y las subvenciones.
El principal efecto será la disolución de los grupos municipales de ANV. De este modo, los concejales que obtuvieron acta de concejal permanecerán a título individual, pero dejarán de cobrar las subvenciones que recibían hasta ahora como grupo. Tan sólo recibirán su sueldo base como miembro del pleno municipal. Esto ediles no podrán formar parte de patronatos o de la dirección de las empresas públicas municipales o supramunicipales (por ejemplo, consorcios), lo que mermará sus ingresos personales, así como su capacidad de influencia.
Del mismo modo, al ser ediles no adscritos a un grupo, no podrán formar parte de las comisiones municipales, lo que la gran mayoría de ellos, en pueblos pequeños, volverán a ver recortados sus sueldos al no poder cobrar las dietas que se otorgan por la asistencia a estas reuniones. El fallo del alto tribunal también les impedirá usar instalaciones municipales, al no tener grupo parlamentario pierden el uso y disfrute de los locales con los que se les dotan.
La ejecución práctica de estas dos últimas consecuencias, la no presencia en comisiones y el uso de locales, se puede poner en entredicho. La razón es que tras las ilegalizaciones de HB-EH-Batasuna y sus sucesoras, los proetarras ya se tuvieron que enfrentar a estas medidas tras las elecciones locales de 2003 y hasta 2007. Gracias a la colaboración de los ediles de PNV, EA, IU y Aralar, los representantes de las candidaturas locales de Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB) pudieron hacer uso de instalaciones municipales en muchos consistorios y participaron en las comisiones del ayuntamiento pese a que como ciudadanos de a pié no podían hacerlo.
En las mismas condiciones que los concejales se quedarán los dos junteros con los que Acción Nacionalista Vasca cuenta en las instituciones forales vascas. Uno en las Juntas Generales de Álava y otro en las de Vizcaya.