L D (Europa Press) El diario El País denunció este martes en una nueva entrega del seria de espionaje, que la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) envío el pasado 22 de enero una carta a González indicando que el colectivo de técnicos especialistas de seguridad propios de la Consejería de Interior, conformados por unos 40 personas, "ha sufrido un hostigamiento, acoso y menosprecio durante los últimos años por no prestarse, entre otras cuestiones, a realizar tareas relacionados con a las que están destapando los medios de comunicación en la actualidad, al entender éstos, con buen criterio, que esas tareas eran una extralimitación de sus funciones y podrían rayar en la ilegalidad".
Asimismo, el secretario del sector de Administración Autonómica de FSP-UGT, Javier Sanz, añadió que es "absolutamente incierto" que todo el colectivo de seguridad esté o haya participado en los hechos mencionados anteriormente, por lo que solicitó a la Dirección General que abra una investigación desde la Inspección de los Servicios, "a los efectos de determinar si los integrantes del Servicio de Seguridad de la Comunidad de Madrid han participado de la supuesta trama que se plantea, ya sean estos personal laboral, funcionarios o cargos de confianza y asesores".
El sindicato, según la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press, exigió al departamento que dirige Francisco Granados a que confirme y restituya "la honradez y el buen hacer" de la mayoría de los integrantes de este colectivo, "así como que se actúe hasta las últimas consecuencias con aquellos trabajadores, si los hubiera, que hayan participado de la supuesta trama a la que hacen mención determinados medios de comunicación extralimitándose en las funciones que tienen asignadas".
En respuesta a esta carta, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior conminó al sindicato a que, debido a la "gravedad" de tales afirmaciones, acredite "a la mayor brevedad posible" cuándo se han producido dichos hostigamientos y a quién o quiénes se ha hostigado. Además, le exigió que señale quién ha sido el que ha ordenado dichos hostigamientos, a quién o cuándo lo comunicaron y de conocer hechos ilícitos, "dónde y cuándo los denunció" el sindicato.
Por otro lado, el director general de la Función Público señaló que la Consejería ha estado esperando estos días a que el sindicato "legalice" el fax remitido, "puesto que no cumple con los requisitos que ela legislación vigente, Ley 30/1992 y Decreto 21/2002, exige para tener por presentado legalmente un escrito". "Hoy seguimos sin tener esa personación", reiteró.
