LD (Ángela Martialay) Una paralización sin precedentes. Así se puede resumir el paro que este martes está tendiendo lugar en todas las instancias españolas. Asociaciones judiciales, cuerpo de secretarios, audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Tribunal Supremo y un gran número de jueces independientes se unen por primera vez para protestar de forma conjunta por las injerencias del poder político en el mundo judicial y por el mal estado de "salud" de la Administración de Justicia. El caso Mari Luz ha sido la gota que colmó el vaso.
El paro judicial se hace efectivo esta mañana en la sede de diferentes juzgados de toda España. Los secretarios judiciales han convocado un paro de tres horas -entre las 10:00 y las 13:00 horas- para rechazar la sanción de dos años de empleo y sueldo que el Ministerio de Justicia impuso a su compañera Juana Gálvez, al considerar que el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo la ha utilizado como "cabeza de turco" o "chivo expiatorio" para ocultar las carencias de la Administración de Justicia.
Durante el paro, se suspenderán todas las actuaciones de los juzgados y tribunales que exijan la presencia de un fedatario judicial como son las vistas, juicios, diligencias, etc. Así, los efectos de dicha protesta para los ciudadanos pueden ser mayores de lo previsto, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió este lunes suspender los efectos de la resolución en la que el Ministerio de Justicia fijaba unos servicios mínimos de entre un 30 y un 50 por ciento y acordó que sólo deben trabajar los secretarios judiciales de los órganos judiciales que estén de guardia.
El CGPJ se defiende de las injerencias políticas
Coincidiendo con esa paralización, en la mayoría de las sedes judiciales, incluida la Audiencia Nacional, se han convocado juntas de jueces para abordar las "presiones" e "injerencias" políticas que, en opinión de los magistrados, está sufriendo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que aumente la sanción impuesta a Tirado. El anterior CGPJ multó al juez de Sevilla con 1.500 euros, pero esta sanción ha sido recurrida por la Fiscalía, que ha solicitado que se le suspenda por tres años
Asimismo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a las 11.15 horas en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, se producirá una concentración de jueces como símbolo de protesta.
Aunque el detonante claro ha sido las declaraciones del ministro de Justicia, Fernández Bermejo, o de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a favor de aumentar el castigo a Tirado, considerado esto por los círculos judiciales como una injerencia "intolerable", el estado “decimonónico” de los medios técnicos y materiales con los que se trabaja en la administración preocupa a la carrera judicial que ven como el infortunio del juez del caso Mari Luz le podría haber pasado a ellos.
Si bien fue en un primer momento el cuerpo de secretarios judiciales el que anunció que habría un paro judicial, días después los jueces informaron que "secundarían" las protestas. Según ha declarado a Libertad Digital Rafael Lara, portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales,“el Ministerio del Interior no puede utilizar la sanción a la secretaria Juana Gálvez para ocultar su propia inoperancia”.
El Supremo respalda de forma insólita al CGPJ
De esta forma, la cadena de reivindicaciones por el estado de "colapso" de la Justicia y las intromisiones del Ejecutivo de Zapatero en el ejercicio judicial se eha ido extendiendo poco a poco a las asociaciones judiciales, las audiencias provinciales, los tribunales superiores, Audiencia Nacional y Supremo. El Alto Tribunal en un acto nuevamente sin precedentes ha elaborado un comunicado en el que se recoge que "es deber constitucional de todos respetar la autonomía decisional del órgano encargado de resolver respeto al expediente disciplinario del juez Tirado".
Mientras tanto, gran parte de la gestación de esta rebelión judicial tuvo lugar en la Red. Un aluvión de correos ha circulado desde el pasado día 8 de octubre por la intranet judicial sosteniendo que "después de la jornada de protesta no debe perderse el entusiasmo", "debemos ser capaces de transmitir a la opinión pública lo que hacemos y por qué nos movilizamos, pues en definitiva somos grandes desconocidos para el gran público" , "es una reinvindicación que afecta a todos los ciudadanos".
No obstante, tanto secretarios como jueces piden la implantación de la oficina judicial dotada de medios personales y materiales adecuados. En los correos de la intranet judicial se exige que la reforma judicial aborde "la limitación de asuntos a resolver eliminando el sobreesfuerzo personal de los jueces y demás funcionarios que viene sosteniendo la actividad de Juzgados y Tribunales", "que las carencias materiales y personales y la excesiva carga de trabajo que soportamos se reiteren a los órganos competentes para resolverlo", "poner en todos los Juzgados y órganos carteles bien visibles poniendo en conocimiento del público en general cuál es el módulo de entrada de asuntos establecido como máximo aconsejable y cuál el módulo de entrada real, haciéndoles saber a los ciudadanos que por esa causa su asunto va a retrasarse en la tramitación".
Ante este panorama, fiel reflejo del malestar percibido en los círculos judiciales y la desconfianza en su órgano de gobierno, el CGPJ se reunió este lunes con las asociaciones de magistrados y con una delegación de jueces decanos, en un intento de apaciguar los ánimos y liderar la reforma de la Administración que pide todo el cuerpo judicial. El órgano de gobierno de los jueces reaccionó ante la convocatoria de juntas pidiendo "responsabilidad" a los jueces y expresando su confianza en que actuarán "siempre en beneficio de los ciudadanos". Asimismo, el CGPJ ha puesto de manifiesto en un comunicado que "es preciso deslindar las legítimas reivindicaciones de los jueces (...) de la resolución de los casos concretos que tiene legalmente encomendados", en referencia a la resolución del recurso contra la sanción a Tirado.