La Audiencia Nacional no investigará la actuación del juez Eloy Velasco en el caso de la etarra Maite Aranalde ya que considera que tanto la resolución del magistrado de dejar a la miembro de ETA en libertad tras el pago de una fianza como la tomada posteriormente por Baltasar Garzón --que ordenó su inmediato ingreso en prisión-- "se ajustan a la Ley, gusten o no gusten".
El presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, informó durante la mañana a la Sala de Gobierno --compuesta por los presidentes de las salas de lo penal, lo social, lo contencistoso-administrativo y tres magistrados electos-- sobre los acontecimientos sucedidos en los últimos días y que han desembocado en la huída de la etarra Maite Aranalde.
Así, la Sala de Gobierno ha concluido, tras recabar toda la información disponible desde el momento en que la miembro de ETA fue entregada a la Audiencia Nacional --donde tenía pendientes dos causas por tenencia de explosivos y estragos-- por las autoridades francesas, que no se han producido anomalías en el funcionamiento "sin perjuicio ni invasión de lo que pueda considerar al respecto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".
Los magistrados que componen este órgano han decidido por unanimidad que las resoluciones de Velasco y Garzón, realizadas en forma de autos, "están motivadas y corresponden a criterios legales de los jueces y por ello la Sala de Gobierno no tiene competencia para cuestionarlas".
La falta de documentación sobre la presunta participación de la etarra en la colocación de bombas en 2004 provocó que sólo pudiera abordarse su relación con la acumulación de dinamita, cuestión que recayó en el juez Eloy Velasco, en sustitución de su compañero Baltasar Garzón que estaba en ese momento de vacaciones. Velasco decidió imponer a la etarra una fianza de 12.000 euros para eludir la prisión. El pago de esta cantidad por parte de su familia provocó su inmediata liberación de la cárcel de Soto del Real, el pasado jueves.
El viernes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la decisión de Velasco y pidió que se impusieran a la etarra mayores medidas cautelares para evitar su huída, entre ellas vigilancia policial permanente y comparecencias diarias en comisaría. Esta petición del Ministerio Público no fue resuelta hasta el lunes, al regreso del juez Garzón que decidió revocar la libertad y ordenó su inmediato encarcelamiento.
No obstante, cuando las Fuerzas de Seguridad se dirigían a cumplir la orden del juez, comprobaron que la etarra no se encontraba en su domicilio. Su búsqueda durante todo el lunes y la mañana del martes resultó infructuosa, lo que obligó a Garzón a dictar una orden de busca y captura en su contra, al considerar que se había dado a la fuga.
Juanes se refirió también a la tramitación del recurso presentado por el Ministerio Público y destacó que no se produjeron anomalías ya que el juez Velasco dió traslado a la defensa de Aranalde el mismo viernes, tras recibir el escrito. El abogado de la etarra no respondió hasta el lunes, cumpliendo el plazo de tres días establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Garzón respondió ese mismo día a la petición fiscal al regreso de sus vacaciones.