La Audiencia Nacional acordó la puesta en libertad bajo fianza de 50.000 euros de los dirigentes de Batasuna Joseba Permach, Juan Cruz Aldasoro y Joseba Álvarez, al entender que la "dilación" de juicio que se celebrará por la presunta subordinación de la formación ilegalizada a ETA "no puede repercutir negativamente en su situación personal".
Así consta en tres autos dictados por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal en los que fija comparecencias semanales para los tres procesados, que ingresaron en prisión en octubre de 2007 tras la operación llevada a cabo en la localidad guipuzcoana de Segura, y acuerda la retirada de sus pasaportes y la prohibición de salir del territorio nacional.
Permach, Cruz Aldasoro y Álvarez también tendrán prohibido "participar en reuniones, manifestaciones, actos públicos, formación de grupos, coaliciones o partidos políticos de características idénticas o cualitativamente similares a los partidos ilegalizados por el Tribunal Supremo Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarok, así como los declarados sucesores".
El tribunal, que adopta esta decisión con el visto bueno de la Fiscalía y el rechazo de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), considera que la puesta en libertad de los tres procesados está justificada por sus "circunstancias personales", el tiempo que han transcurrido en prisión provisional y el "plazo razonable" en el que el juicio podrá celebrarse, "amén de la duración que este puede conllevar".
A este respecto, los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López (ponente de las tres resoluciones) destacan que el juicio contra Batasuna (35/02), en el que están procesados 41 dirigentes proetarras, está pendiente de la calificación por parte de la Fiscalía, por lo que es "previsible" que se celebre "a principios del año 2011".
La Sala minimiza el riesgo de que los tres dirigentes de Batasuna-ETA puedan fugarse tras su salida de prisión porque antes de su encarcelamiento y desde que fueron imputados "siempre" cumplieron las comparecencias judiciales que les fueron impuestas.
De la misma forma, indica que el riesgo de reiteración delictiva "ha disminuido y a pesar de que permanece", no tiene la "suficiente intensidad como para mantener la medida de prisión provisional". No obstante, los magistrados advierten de que "ante el menor indicio racional" de la comisión de nuevos delitos, "se procederá a la utilización de los cauces legales para la posible revocación de la presente resolución".
Como último argumento, el auto destaca el "arraigo personal" de Permach, Cruz Aldasoro y Álvarez, que los tres justifican en que sus respectivas familias residen en el País Vasco y, en el caso de los dos últimos, en que sus padres son mayores y necesitan ayuda. Además, Cruz Aldasoro asegura que tiene una oferta de trabajo en un bar.