Piden 20 años de inhabilitación para Garzón por el caso del franquismo

El sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad han solicitado al Tribunal Supremo una pena de 20 años de inhabilitación para el juez Baltasar Garzón por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.

Así lo han pedido en el escrito de conclusiones provisionales que han presentado este martes en el Supremo, de 85 folios y en el que reclaman que se abra juicio oral al juez de la Audiencia Nacional y que se le exija una fianza de 60.000 euros para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias.

Califican los hechos como un delito continuado de prevaricación, por el que piden para Garzón multa de 21.600 euros e inhabilitación por 20 años "con pérdida definitiva del cargo que ostenta, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial".

En el texto, Manos Limpias y Libertad e Identidad aseguran que el juez de la Audiencia Nacional en este asunto dictó resoluciones cuando era consciente de que carecía de competencia para ello y de que no existían hechos con relevancia penal que justificaran la incoación de un procedimiento penal.

Además sostienen que Garzón "ha vulnerado el sistema de fuentes de derecho y el principio de legalidad en materia penal mediante el empleo de convenios internacionales no aplicables" y "no ha respetado el principio de legalidad, dejando sin aplicación la Ley de Amnistía que fuera establecida por las mismas Cortes Constituyentes que elaboraron la Constitución".

Garzón "es consciente de que en el pasado inadmitió a trámite una querella dirigida a conocer hechos ocurridos durante la Guerra Civil", añaden los querellantes en referencia a la que en 1998 se presentó contra el ex dirigente comunista Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama en 1936.

También explican que uno de los autos que dictó Garzón pretendía erigirse como "una solución histórica, buscando un reconocimiento final de las víctimas, sin analizar cada hecho concreto sino genéricamente", con lo que el querellado "abre así una causa general siendo consciente de la injusticia que comete".

Ambos querellantes consideran también que "las dudas sobre la legalidad de una norma deben solventarse mediante una cuestión de inconstitucionalidad elevada ante el Tribunal Constitucional" y "lo que no puede hacer un juez es decidir por su personal criterio qué ley es la aplicable y cuál no". La otra acusación en este asunto, Falange Española de las Jons, solicitó ayer la misma pena para Garzón y falta que se pronuncie la Fiscalía, que previsiblemente pedirá el archivo de esta causa.

El pasado 7 de abril el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela transformó en procedimiento abreviado las diligencias abiertas a Garzón por estos hechos y dio a las partes un plazo de diez días para que presenten escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa.