Las asociaciones de jueces han pedido este vienes a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que pruebe las acusaciones que hizo este jueves sobre supuestas escuchas ilegales a dirigentes del Partido Popular de manera formal presentando una denuncia ante los tribunales o que rectifique sus palabras.
Cospedal denunció este jueves en una entrevista con Efe que se estaban produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que "no tienen nada que ver con los sumarios" y a destacados dirigentes nacionales de su partido.
Las asociaciones de jueces consultadas por Efe han criticado que la secretaria general del PP desvelara estos hechos en los medios de comunicación y no a través de una denuncia formal en los tribunales. "Es una denuncia absolutamente gratuita que mancha a una institución del Estado", ha dicho el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno, que ha pedido a Cospedal que rectifique sus palabras y denuncie los hechos ante la Justicia.
En este sentido, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, ha calificado de "gravedad inusitada" que la secretaria general del PP se refiriera a España como un "Estado policial" que lleva al Gobierno –según dijo– a "utilizar a las instituciones, a la Fiscalía General, a la Policía Judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al CNI".
En la misma línea se ha manifestado el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Marcelino Sexmero, que ha calificado las declaraciones de "torticeras" y "falsas", y ha instado a Cospedal a que presente pruebas o se retracte. "Lo que no puede hacer un responsable político es soltar unos hechos criminales que suponen una calumnia sin presentar pruebas en los juzgados y tribunales correspondientes", ha apuntado.
Las asociaciones de jueces coinciden en que siempre que se intervienen conversaciones telefónicas hay un juez "que vela por la pureza, necesidad y proporcionalidad" de la misma. "Si se acusa a los jueces, al Ministerio Fiscal o a la Policía, la verdad es que desconocen el procedimiento porque ninguno de ellos podría intervenir sin la autorización judicial", ha apuntado Gimeno, que ha criticado que se haya deslegitimado al Poder Judicial.
Por su parte, el presidente de la APM –asociación mayoritaria en la carrera judicial, Jesús Chamorro, ha dicho antes de participar en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial que si se hubieran producido escuchas "al margen de las previsiones legales para hacer ceder el derecho de secreto de las comunicaciones los magistrados y el Ministerio deberían actuar".
También el portavoz de Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, ha tachado de "irresponsables" a los partidos políticos a la hora de hablar sobre el Poder Judicial, porque sus acusaciones, ha dicho, "degradan mucho la vida democrática", y ha pedido que se haga una "reflexión seria" para garantizar la independencia de la Justicia. "El PP se está quejando de que existe demasiada influencia del Ejecutivo pero cuando él estuvo gobernando la situación era similar y no hizo nada por cambiarla", ha señalado Gallardo, que ha recordado que la composición actual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) corresponde a un pacto suscrito entre PP y PSOE en el año 2001, "cuyo objetivo era precisamente controlar el Poder Judicial".
Los sindicatos policiales, también
Los sindicatos policiales SUP, CEP y SPP han negado hoy la participación de cualquiera de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en escuchas telefónicas ilegales porque este tipo de intervenciones deben contar siempre con la autorización de un juez para evitar la vulneración de derechos fundamentales.
El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, no descarta sin embargo que Cospedal se esté refiriendo a "los nuevos elementos tecnológicos de los que disponen los Cuerpos de Seguridad -Policía, Guardia Civil o CNI- que les permiten interceptar y escuchar las conversaciones que se emiten desde los teléfonos móviles sin dejar ningún rastro". "Es verdad que eso pasa, que hay una falta absoluta de control y nosotros apoyaremos que eso se regule" ha añadido Sánchez Fornet en declaraciones a EFE, al animar a la dirigente del PP a denunciar ante los tribunales esas escuchas porque "si lo hace, nosotros lo apoyaremos".
El portavoz del SUP no cree que "la señora De Cospedal se haya vuelto loca y haya dicho esto sin más" sino que "algún indicio tiene que tener cuando lo dice", aunque ha insistido en que los agentes de la Policía Nacional no intervienen ningún teléfono sin autorización judicial.
Tampoco comparte que las declaraciones de Cospedal hayan empañado la imagen de la Policía porque "después de lo que ha llovido desde el 11-M, que nos han dicho que éramos cómplices de los terroristas y cinco años después seguimos siendo una de las instituciones más valoradas, parece que los ciudadanos saben discernir bien entre lo que hacemos y lo que no hacemos".
Sobre esta apreciación discrepa el secretario de organización de la Confederación Española de Policía (CEP), Lorenzo Nebrera, que considera que si la dirigente del PP no denuncia esos posibles delitos en los tribunales, "lo que está haciendo es sembrar de dudas en la sociedad española la labor de más de 61.000 funcionarios de Policía". "Si ella tiene conocimiento de que una persona, un agente o un inspector de policía" está haciendo esas escuchas, que "lo ponga en conocimiento de la autoridad judicial porque nosotros somos los más interesados en que se aclare", ha insistido Nebrera al dudar de que alguno de esos funcionarios, "por los que pongo la mano en el fuego", haya hecho escuchas ilegales.
A juicio del CEP, acudir a los tribunales es la única posibilidad que tiene el PP para que "se corrijan estas irregularidades que, en todo caso, las pueden estar cometiendo personas, pero no instituciones" y "no se puede estar metiendo a todo un colectivo en un mismo saco".
También el vicepresidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP) José Manuel García Catalá ha manifestado estar "absolutamente convencido de que el Cuerpo Nacional de Policía no ha tenido ninguna intervención en este asunto, y todas las intervenciones telefónicas que realiza la Policía están sometidas a una autorización judicial". "Los conocimientos que tenga Cospedal serán sus conocimientos. Lo que no nos gusta es que determinado tipo de declaraciones se emitan sin una base razonada", ha añadido García al destacar que lo que se debe saber es que "ningún policía es capaz de tomar este tipo de decisiones o que se sustraiga a lo que marque un juez". "Todo lo que ha hecho la policía judicial es legal y si hay una intervención judicial se hace y sino no se hace", ha reiterado.