El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, exige una fianza de 201.450.000 euros en concepto de responsabilidad civil al supuesto líder de la trama de corrupción ligada a cargos del PP, Francisco Correa, y a sus principales colaboradores.
En los autos, emitidos el pasado 31 de marzo y hechos públicos este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el magistrado destaca lo elevado de las responsabilidades pecuniarias que podrían derivarse de los delitos contra la Hacienda Pública descubiertos entre 2002 y 2007 por parte de los dirigentes de la trama.
Así, Pedreira pide el embargo de todos los bienes de Correa y sus socios Pablo Crespo Sabaris, Alvaro Pérez (el bigotes), Carmen Rodríguez Quijano y Ramón Blanco Balón y de sus sociedades, hasta cumplir la cuantía indicada. Por otra parte, indica que la instrucción ha desvelado que cargos públicos han recibido hasta 2,8 millones de euros de la trama, por lo que los imputados están acusados de un delito de cohecho.
El magistrado impone a Correa y al ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, una fianza de 85 millones de euros a cada uno; a las que se suma la fianza de 30 millones exigida al abogado y ex vicepresidente de Repsol YPF Ramón Blanco Balín.
Además, Pedreira ha fijado una fianza de 800.000 euros para la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; y de 650.000 euros para el supuesto responsable de la trama en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, "El Bigotes".
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que para asegurar la responsabilidad pecuniaria que pueda declararse respecto de una persona se le impondrá una fianza que "no podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable" del que se le considere responsable. Si los imputados no satisfacen la fianza el magistrado procederá al embargo de sus bienes.
El papel de los imputados en la trama
En los autos, el juez cita el contenido de un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía fechado el pasado 30 de enero en el que se afirma que el conglomerado de empresas constituido por Correa conseguía contratos publicitarios, de organización de eventos o de diseño de campañas a cambio de "contraprestaciones" económicas o de otro tipo a los políticos que se los concedían. Correa también negociaba previamente la concesión de adjudicaciones de suelo, obra pública o construcción de viviendas igualmente a cambio de compensaciones económicas.
Las sociedades que controlaba emitían facturas falsas para justificar los ingresos, que luego eran blanqueados en paraísos fiscales, lo que ha permitido a Correa "disponer de una capacidad inversora en cualquier parte del mundo".
Los autos también recogen el informe de la Agencia Tributaria sobre la actividad económica de los imputados entre 2002 y 2007, que en el caso de Correa -que en ese periodo no hizo la declaración de la renta- revelan que "debería responder a título de autor de los delitos relacionados con su IRPF cuya cuota total asciende a más de 18 millones de euros".
En los delitos fiscales y de blanqueo que se imputan al supuesto líder de la trama "habrían participado numerosas personas", entre las que se cita a los abogados Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, cuya actuación se encaminó a "dar opacidad a las operaciones que realiza Francisco Correa".
De Blanco dicen los autos que "diseñó" la estructura de blanqueo de la trama, colaboró en la gestión del patrimonio personal de Correa y participó en la estrategia de desvincularle de la investigación judicial poniendo como testaferro de sus sociedades a su primo Antoine Sánchez.
Por su parte, sobre Crespo, el considerado "número dos" de la trama, el juez señala que en 2006 dejó de declarar a Hacienda 539.120,13 euros, aunque el auto sostiene que todavía no se ha podido cuantificar la cuota que "podría haber dejado de ingresar la sociedad patrimonial Sabaris, Cresva, S.L.".
Además, considera que "hace ejecutar las directrices" de Correa, como la realización de transferencias internacionales y da instrucciones al resto de los integrantes de la organización. Entre los hechos que se le imputan figura el haber cargado la factura de una bicicleta que compró su hija a la sociedad Orange Market.
La mujer de Correa, Carmen Rodríguez, es considerada "copartícipe en la estrategia de ocultación de su patrimonio" y se la acusa de haber favorecido a las empresas de su marido cuando era directora de Gabinete en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid).
Según el auto, Rodríguez usaba la estructura empresarial creada por su marido "para su propio beneficio" y como ejemplo menciona los viajes que ésta realizaba y que eran preparados por una de las empresas de la trama, Pasadena Viajes SL. La sitúa el juez también como beneficiaria del patrimonio adquirido por la organización y asegura que conocía las actividades de ésta.
Por último, Pedreira dice que la sociedad controlada por Álvaro Pérez, Orange Market, dejó de ingresar en 2006 y 2007 por el concepto de retenciones de trabajo personal un total de 330.833,81 euros, cantidad que justifica la fianza de 650.000 euros impuesta a "El Bigotes".
Pérez aparece en la causa, recuerda el juez, como responsable de la captación de eventos en la Comunidad Valenciana, donde se encargaba de acordar la adjudicación de contratos con los "responsables políticos" autonómicos y negociaba el pago de las deudas pendientes del Gobierno de la Generalitat y del PP con la empresa.