En Andalucía siguen ocurriendo cosas asombrosas. Ahora, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha condicionado todo tipo de diálogo con la oposición popular que lidera Javier Arenas a que éste deje de hablar del caso Chaves y la subvención de 10 millones de euros a Minas de Aguas Teñidas, SAU donde Paula Chaves actuaba como apoderada. Arenas ha rechazado el "chantaje" de Griñán por "antidemocrático" mientras recordaba a los 540 parados diarios que le han sobrevenido a Griñán desde que ocupó la presidencia.
Hace unos días con motivo de un balance del gobierno antes del verano y tras el último Consejo de Gobierno, Griñán afirmó que había margen para llegar a acuerdos con el PP, al menos en dos materias, agua y educación. Respecto a la primera, hay un anteproyecto de la Ley del Agua está en fase de tramitación y en Educación se trabaja en el Parlamento en lo que han llamado la "convergencia educativa".
Pero nadie esperaba lo que vino después. Griñán, sorprendentemente añadió que este diálogo sobre las cuestiones antedichas, quedaban condicionadas a que el PP andaluz abandonara la estrategia de insultos y comunicaciones contra Manuel Chaves, amigo del actual presidente de la Junta.
Al parecer, el archivo de la querella que presentó el sindicato Manos Limpias dio alas a Griñán para exigir el silencio al principal partido de la oposición. Además, el PSOE había mandado una carta a todos sus militantes acusando al PP de organizar una "cacería" contra Chaves.
"Ponerle precio al diálogo político es absolutamente antidemocrático y el PP no se va a someter a ningún chantaje", dijo inmediatamente Javier Arenas. En todo caso, el PP-A sigue los dos caminos jurídicos emprendidos hasta el momento. Por una parte, está la denuncia por el comportamiento de la Junta al no sancionar a Manuel Chaves que incumplió, en su opinión, la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, y la querella criminal contra Manuel Chaves en el Tribunal Supremo.
Arenas confirmó que el PP tiende su mano en el diálogo sobre el agua y la educación, y también en Justicia, vivienda y toda reforma que ayude a Andalucía a salir de la crisis.
En cualquier caso, el PP-A continúa con su querella en el Tribunal Supremo, que considera "fundamentada" y no tendrá en cuenta las advertencias de Griñán. Arenas espera que esta postura no sea impedimento para llegar a acuerdos con el Gobierno andaluz y dijo que su partido "tiende la mano" para alcanzar un pacto educativo y la modernización de la Justicia, así como consensos sobre la Ley del Agua, la vivienda y cualquier reforma profunda que ayude a salir de la crisis económica en Andalucía.