No hay quien le salve de puertas para adentro. Ni en Génova, ni en el Grupo Popular de ambas cámaras, ni en el partido a nivel nacional, ni mucho menos en el seno del PPCV. “El auto del Supremo es demoledor, gravísimo, no hay escapatoria”, confiesan uno a uno los dirigentes del PP consultados por Libertad Digital.
El clamor es casi unánime contra Francisco Camps. Casi, porque en la séptima planta de la calle Génova todavía hay una persona que da la cara por él: su líder, Mariano Rajoy. “La semana pasada, cuando conocimos que se reabría la causa de los trajes, Mariano nos dijo: ‘hay que defenderle’, y en eso estamos”, asegura un miembro del Comité de Dirección.
Una consigna a la que le venía otra pareja: las explicaciones provendrían única y exclusivamente de Valencia. Nadie del PP a nivel nacional “puede ni debe” fijar postura sobre la decisión del Supremo. Una directriz que este martes recobraba aún más fuerza en la sede nacional de los populares: “no decimos nada, son órdenes de arriba, llama al PPCV”, se excusaba un portavoz autorizado.
Los órdagos se reparten entre Camps y Rajoy
Sin embargo, en los pasillos, los dirigentes del PP claman al cielo, y apuntan en dos direcciones. Los órdagos se reparten entre el presunto implicado en la trama Gürtel, Francisco Camps, y quien le apuntala al frente de sus responsabilidades, Mariano Rajoy.
Sobre el primero, la mayoría coincide en que “si tuviera decencia” debería de dimitir y “dejar de hacer daño al partido”. “Es un egoísta, está enrocado en el poder”, asegura un habitual de Génova 13. Las quejas también provienen de la comunidad que preside: “Es una locura, no entendemos cómo Rajoy no hace nada, si no mueve ficha lo tenemos crudo”.
El líder del PP es el otro protagonista de las quejas internas. “Tendría que tener la valentía de ejercer como líder”, sentencia un veterano diputado popular. Otro añade: “Por cosas como estas todavía hay gente que duda de que vaya a ser el próximo presidente del Gobierno”.
Génova teme un adelanto electoral
Y en medio de toda esta tormenta, las palabras de Camps no vienen sino a empeorar el panorama. “Estoy más feliz que ayer, más feliz, esto termina antes de lo que me imaginaba”, aseguró en una breve declaración a los medios. Su portavoz en la Cortes, Rafael Blasco, no fue, ni de lejos, tan optimista: “La última palabra que se dicte en su momento es la que habrá que tener en consideración, y en función de ello adoptaremos las decisiones que se estimen más oportunas”.
Sin embargo, el temor ahora entre los maitines populares es que Camps pretenda adelantar las elecciones antes de que el Tribunal Superior de Valencia decida sentarle en el banquillo de los acusados. “El sábado pasado, cuando le dijo a Rajoy que no convocaría elecciones, le volvió a mentir”, afirman las fuentes consultadas, que ponen el acento en que el barón regional quiere convocar a los ciudadanos a las urnas “antes de que se abra el juicio oral”.
Los pasos que da el presidente parecen ir en esa dirección. El próximo 22 de mayo, Camps tiene previsto un acto de proclamación en Valencia, al que Rajoy no asistirá por tener “otro compromiso” en Cataluña. Paralelamente, la Generalidad ya habría encargado a una consultora especialista en comunicación y estrategia electoral que elabore una hoja de ruta política para un adelanto electoral, según informa Levante.
Rajoy, "el gran perjudicado" de su apoyo
Y una conclusión más: Rajoy es “el gran perjudicado” de su respaldo al líder valenciano. “Le está quemando electoralmente pero, sobre todo, como líder, de puertas para adentro”, destaca un barón autonómico, que añade: “De verdad, nadie duda de lo bueno que es en lo suyo, pero en cosas como estas nos pone de los nervios”. Una franqueza extensible a otros tantos compañeros de siglas, que no son tan agradecidos: “¡Tiene que ejercer como líder!”, sentenció un parlamentario.
Dicho esto, lo único cierto hoy por hoy es lo que Rajoy dijo en esa criticada entrevista con Julia Otero en Onda Cero: “Eso de los tres trajes no me lo creo, Camps será el próximo candidato del PP en Valencia”. Mientras, el Supremo sentencia que el presidente recibió los trajes “con opacidad y sin otra justificación que su cargo”.