Baltasar Garzón no puede ya librarse de sentarse al otro lado de la Sala de juicios, en lugar reservado para quienes presuntamente han cometido un delito: el banquillo de los acusados. El motivo es que el auto del juez Varela no es recurrible e implica la suspensión automática de Garzón como juez de la Audiencia Nacional. Así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El instructor del Supremo ha decretado este miércoles la apertura de juicio oral solicitada por la acusación popular, representada por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, a raíz de la querella que presentaron contra el juez estrella por un delito de prevaricación al declararse competente para investigar la Guerra Civil y el franquismo. Tras casi un año de instrucción del caso, Varela ha concluido este miércoles que Garzón debe responder penalmente por sus actuaciones judiciales "por haberse apartado de la interpretación usual de la Ley argumentando conscientemente contra el Derecho".
En el auto de apertura, el instructor del Supremo responde en duros términos al Ministerio Fiscal, que durante toda la causa se ha mostrado a favor de Garzón y en contra de que este se sentase en el banquillo de los acusados a instancias de la acusación popular. Señala la resolución judicial que sobre la posibilidad de decretar la apertura de juicio a instancias sólo de la acusación popular, "la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado hace apenas cuatro meses en el denominado "Caso Ibarretxe"; resolución que, por su trascendencia pública asociada a las responsabilidades políticas de los acusados, es difícil explicar cómo le puede haber pasado desapercibida".
Además, prosigue Varela, "no resulta admisible en Derecho, que en sus alegaciones, el representante del Ministerio Fiscal emplace a este instructor a que decida contra el criterio del Tribunal Supremo, pues al hacerlo confunde mi autonomía, en cuanto autor de eventuales votos particulares, con la obligación jurisdiccional que me corresponde cuando con mi resolución decido por mí mismo, como instructor delegado, un caso sometido a valoración". Asimismo, el magistrado del Alto Tribunal sostiene que su poción "ha sido siempre la misma a favor de la suficiencia de la acusación popular".
Por otro lado, Varela también ha resuelto el resto de recursos que quedaban pendientes en la causa. Dos de Falange Española pidiendo su readmisión en la causa, algo que el magistrado deniega, y un tercero de Baltasar Garzón contra el auto que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado. El instructor del Alto Tribunal también desestima este recurso.
En este último auto resolviendo el recurso del juez estrella, Luciano Varela subraya que "las responsabilidad de la acción penal del juez comienza allí donde la aplicación incorrecta de la ley no puede ser imputada a la falibilidad humana, sino al abuso de las funciones del juez".
Asimismo, Varela insiste en que la interpretación que hizo Garzón de la Ley de Amnistía de 1977 "se desvió" de los principios esenciales de un Estado de Derecho, los cuales "ignoró". Añade el instructor del Alto Tribunal que "no se ha identificado caso alguno en que se haya iniciado una investigación penal por ningún órgano jurisdiccional español" para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.
De esta forma, el magistrado desestima la petición del titular del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de que se practiquen nuevas diligencias.
Ahora sólo queda que Varela traslade a la defensa de Garzón su decisión para que presente su escrito. Entonces, el magistrado del Supremo pondrá fecha al juicio donde el juez estrella deberá responder por primera vez por un delito de prevaricación. El tribunal que juzgará a Baltasar Garzón lo compondrán los magistrados Juan Saavedra, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo y Adolfo Prego.
Por su parte, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, ha enviado el auto este mismo miércoles al Consejo General del Poder Judicial. Este es el trámite judicial necesario para que el gobierno de los jueces tenga vía libre para suspender a Garzón. Y ya la tiene.