Baltasar Garzón ha jugado este miércoles su última carta. Sabe que presumiblemente se le apartará de la Audiencia Nacional y que se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados. Por este motivo, el juez estrella ha recurrido el auto del magistrado Luciano Varela ante la Sala de lo Penal del Supremo a la desesperada. En un recurso de apelación de 46 folios, Garzón carga duramente contra el juez que instruye la causa que tiene abierta por prevaricación al investigar el franquismo.
Si el pasado jueves Varela aseguraba que Garzón decidió conscientemente "ignorar u orillar" la Ley de Amnistía para investigar la Guerra Civil, ahora el juez de la Audiencia Nacional acusa a Varela de “orillar la realidad de los hechos”.
Dice Garzón que el auto del magistrado del Supremo, donde se ratifican los serios indicios de que el titular del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional pudo haber prevaricado, está “infundado”, es “sinceramente incomprensible” , “selectivo” y “parcial”. Alega el juez para defenderse que dicha resolución judicial "resulta insostenible en su valoración de los hechos, infundado en la aplicación del Derecho material y sinceramente incomprensible en la aplicación del Derecho procesal". Además, acusa a Varela de verter sobre su personas "calificativos peyorativos injustificados".
En su extenso recurso, Garzón arremete contra Varela culpándolo de “olvidar hechos que no encajan en el marco punible señalado”, de “imaginar intenciones”, de “confundir fechas” y de atribuir la firma de Garzón “a resoluciones que no firmó”.
La Ley de Amnistía
"El silencio del auto sólo lo podemos entender como un desprecio hacia el resultado de cualquier diligencia que no vaya en la dirección de confirmar que todo, absolutamente todo lo hecho por Baltasar Garzón en ese procedimiento odioso era irregular", señala el letrado. Para su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, “el auto se ocupa en descalificar todo el actuar del magistrado”.
Por su parte, Garzón insiste en defender que los crímenes que quiso investigar “no han prescrito” y vuelve a saltarse a la torera de la Ley de Amnistía del 77 ya “que no consta que las decenas de miles de desaparecidos de la Guerra civil hayan sido puestos en libertad”. “Hasta que no conste su fallecimiento tampoco cabe declarar su prescripción”, enfatiza el juez estrella.
Dice Garzón, respondiendo a Varela, “que nadie en su sano juicio duda de la veracidad de los hechos denunciados” e intenta justificar su actuación amparándose en diversos convenios internacionales relativos a la jurisdicción universal.
Además, señala su abogado Gonzalo Martínez Fresnada como argumento jurídico que "si ni los magistrados de la Sala de lo Penal, ni nadie, advirtió una supuesta prevaricación cometida por mi demandante es, sencillamente, porque no existió". Es decir, que según Garzón como ninguno de sus colegas denunció una presunta actividad delictiva (algo que no es su competencia), no hay delito.
"Adalides" de la justicia universal
Con estos argumentos, el juez estrella pide a la Sala de lo Penal del Supremo, la misma que admitió a trámite la presente querella contra el juez, que deje sin efecto el auto recurrido. Además, su letrado solicita la práctica de nuevas diligencias, entre ellas la declaración de varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que, de algún modo u otro, han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad.
Entre ellos destacan la ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte y el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que declaró la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley de Punto Final que impedía juzgar a los represores del país suramericano.
También solicita la declaración de Juan Guzmán Tapia, el juez chileno que en 1999 procesó a Augusto Pinochet y ordenó exhumaciones de víctimas del dictador, y de Hugo Relva, coordinador del Programa de Justicia Internacional de Amnistía Internacional. A estos se añade la petición para que declaren varios catedráticos penalistas, todos ellos como testigos, para aclarar la aplicación de las normas del Derecho Penal Internacional en la persecución de los crímenes contra la humanidad.
La clave: la decisión de la Sala de lo Penal
Solicita además que declaren representantes de las Asociaciones de Memoria Histórica y los tres los magistrados de la Audiencia Nacional que defendieron jurídicamente las decisiones de Garzón cuando la Sala de lo Penal de este órgano judicial lo declaró incompetente. Se trata de los jueces Clara Bayarri, José Ricardo de Prada y Ramón Sáez Valcárcel.
Curiosamente, Garzón quiere ahora que lo defienda ante el Supremo el fiscal jefe de este tribunal, Javier Zaragoza, con quien mantuvo un auténtico “duelo de titanes” durante la instrucción de su causa general a la Guerra Civil y el franquismo. También solicita que testifique a su favor el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, entre otros.
Ahora, la decisión está en manos de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que debe estimar o rechazar el recurso del juez. Si la Sala rechaza la apelación de Garzón, Varela ser verá respaldado por sus compañeros, que confirman sus indicios, y abrirá probablemente auto de procesamiento o de apertura de juicio oral contra el juez de la Audiencia Nacional. Esto supondría la suspensión automática del juez ya que así lo establece el artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Si por el contrario la Sala atiende a las peticiones de Garzón, el procedimiento judicial podría retrasarse considerablemente. Algo que el juez estrella y su abogado saben de sobra.
La Sala de lo Penal está constituida por los magistrados Juan Saavedra (presidente), Adolfo Prego, Francisco Monterde, Joaquín Jiménez García y Juan Ramón berdugo.