Con semblante serio, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón llegaba este lunes puntual a su tercera cita con el Tribunal Supremo en los últimos ocho meses. Cuatro horas después el magistrado abandonaba la última instancia española por la puerta reservada para los miembros del Alto Tribunal. Así, evitaba enfrentarse al aluvión de medios de comunicación que lo esperaban a su salida.
El juez ha tenido que responder a las preguntas del instructor del Supremo Alberto Jorge Barreiro en calidad de imputado por un delito de prevaricación y otro contra las garantías de la intimidad. El motivo es que mientras Garzón fue instructor del caso Gürtel, la trama de corrupción destapada en torno al PP, ordenó intervenir las conversaciones mantenidas por los presuntos cabecillas de la trama con sus abogados en la prisión madrileña de Soto del Real.
Fuentes presenciales en el interrogatorio han asegurado a Libertad Digital, que el juez estrella no ha sabido explicar a Barreiro por qué ordenó interceptar las conversaciones entre el letrado Ignacio Pélaez y su cliente, el empresario José Luis Ulibarri. Respecto al ex-fiscal, Garzón aseguró que no tenía ningún indicio concreto que lo vinculara con los imputados.
En este sentido, el Ministerio Fiscal le advirtió hasta en dos ocasiones que estaba vulnerando el derecho de defensa de los imputados. Por su parte, el titular del juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional se ha limitado a enfatizar en que no pudo desglosar el auto de interceptación de las escuchas porque en aquel entonces ya estaba preparando la inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo. Según las citadas fuentes, Garzón ha alegado ahora que “no le dio tiempo” a subsanar el error.
Además, según el magistrado, respecto a los otros querellantes Francisco Correa y Pablo Crespo, la interceptación las comunicaciones ha sido la "única vía" para evitar que ocultaran pruebas o se perdieran los fondos que manejaban.
Durante el interrogatorio, el juez ha evitado responder a las acusaciones particulares, representadas por Peláez y los letrados José Antonio Choclán, en nombre del "cerebro" de la trama Francisco Correa, y Gonzalo Rodríguez-Mourullo, en representación del también investigado Pablo Crespo. Una vez más, el magistrado sólo ha contestado a las preguntas de su abogado, Francisco Baena Bocanegra, y del Ministerio fiscal. Además, Garzón ha negado una vez más haber prevaricado.
El juez de la Audiencia explicó que en ningún momento fue su intención investigar o escuchar a los abogados ni limitar el derecho de defensa, sino simplemente descubrir cualquiera de los datos que los imputados pudieran aportar en la relación personal que pudiera tener dentro del centro penitenciario.
A preguntas del fiscal, el juez ha explicado que los letrados estaban además "presuntamente dentro de la trama, coordinando la actuación y preparando la salida del jefe de la organización -Francisco Correa, además de datos relevantes para la investigación".
Los abogados, "enlace"
Según el magistrado, "era lógico pensar" que los imputados en prisión "necesitaran de un enlace" para seguir realizando operaciones para mover el dinero de la trama fuera de España.
"Las iniciativas sólo podían salir de prisión, había movimientos de dinero y se corría el riesgo de perderlo, la única vía para evitarlo era la interceptación de las comunicaciones, puesto que los máximos responsables de la organización estaban presos", ha asegurado el juez. Fuentes de la acusación calificaron su testimonio de "poco convincente".
Por su parte, al término de la declaración, el abogado Ignacio Peláez lamentó ante las cámaras no ser acompañado en esta causa por el Colegio de Abogados de Madrid, que si bien anunció una querella contra Garzón por este mismo motivo finalmente no la presentó. "Resulta difícil ser un abogado que no tiene el respaldo del Colegio, ya que aquí represento yo sólo a todos los abogados españoles", dijo el ex fiscal, insistiendo en que le hubiera gustado que fuera la organización profesional la que presentara esta iniciativa penal contra Garzón.
El que fuera compañero de Garzón fue el primero en presentar la querella, a la que después se adhirieron a ella los abogados de Correa y Crespo.
Nulidad de las escuchas
A posteriori, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló s todas las escuchas autorizadas por el juez Garzón, al considerarlas ilegales por vulnerar el derecho fundamental al derecho a la defensa. De hecho, la Justicia madrileña llegó a la calificar esta decisión judicial de método inquisitorial.
Según la querella, Garzón habría prorrogado la intervención de las comunicaciones en prisión, a pesar de que quince días antes ya se había declarado incompetente en esta causa e inhibido en favor de los tribunales superiores.
Se trata de la tercera ocasión en la que Garzón comparece ante el alto tribunal en los últimos meses, tras haber declarado ya los pasados 9 de septiembre y 15 de abril en relación con las otras dos querellas que se tramitan contra él, la primera por prevaricar al investigar la Guerra Civil y el franquismo y la segunda por un presunto cohecho y prevaricación en relación con la causa que investiga los cobros que obtuvo por dirigir unos cursos en la Universidad de Nueva York.