El exdiputado del PSC, apodado 'Luigi', era el último de los 20 imputados en el caso que aún permanecía en prisión, donde ingresó a finales de octubre. El juez considera ahora que no existe riesgo de fuga ni posibilidad de destrucción de pruebas o documentos, motivos por los cuales fue privado de libertad de forma preventiva.
Fuentes jurídicas de la defensa de 'Luigi' indicaron que no será hasta el próximo lunes cuando, en todo caso, se deposite la fianza para eludir la cárcel, puesto que debido al parón festivo de la Semana Santa no se podrá hacer el correspondiente ingreso en el banco.
Del total de veinte imputados en la causa, el ex diputado del PSC es el único que permanecía en la cárcel después de que la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el recurso para poner en libertad a García el pasado 14 de diciembre.
Los magistrados consideraron entonces que existía el riesgo de que 'Luigi' destruyera "evidencias u otros datos, documentos o elementos necesarios" en la investigación del caso.
Cerebro de la trama
García, está considerado el líder de la presunta trama corrupta que operaba en distintos ayuntamientos catalanes, entre ellos el de Santa Coloma de Gramenet. A 'Luigi' se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental.
Según defendía Garzón en el auto por el que ordenó su ingreso en prisión, en todos los casos los ayuntamientos afectados aprobaban "un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de García, quien gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en estas localidades y a sus relaciones con empresarios interesados favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo en forma ilícita cantidades pagadas por los últimos".
El ex diputado de PSC habría cobrado al menos 8,02 millones de euros por las operaciones en los tres municipios investigados. Era, según Garzón, "uno de los máximos responsables de la trama y por sus actividades de intermediación y de influencia sobre el alcalde de Santa Coloma", se erigió "en una especie de consejero que decide e imparte las decisiones de dicha institución".
En la trama también se vieron involucrados el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz (PSC) --en libertad bajo fianza de 500.000 euros-- y otras 18 personas entre las que cabe destacar los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, en libertad bajo 200.000 euros.
Otros imputados son el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco; el ex gerente de los servicios municipales de la localidad Pasqual Vela y los empresarios Manuel Carrillo, Josep Singla y Lluís Casamitjana, todos ellos en libertad bajo fianza. A los otros once imputados no se les impuso ninguna cautelar.