L D (Europa Press) Alberto Ruiz Gallardón aseguró que durante su gestión al frente de la Comunidad de Madrid "jamás" se le habría ocurrido crear una unidad policial como la que presuntamente ha organizado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, de la que informa El País, y afirmó de manera rotunda que, de haber detectado algo así, "la habría disuelto" de manera inmediata.
Además, exigió que se aclare quién ha realizado los seguimientos a Cobo y González, quién los ha ordenado, si se han pagado con fondos públicos y quién era el receptor de los informes resultantes del espionaje. "Si se hubiera investigado a estas personas con fondos públicos sería absolutamente ilegal", apostilló.
Sin embargo, evitó especular sobre quién puede ser la mano negra que mueve los hilos de los seguimientos. "Ante unos hechos de esta gravedad no se puede especular, sino tener certezas. En estos momentos hace falta conocer todos los hechos, que haya transparencia informativa, porque los datos que tenemos no son suficientes. Cuando tengamos respuesta a esas preguntas haremos juicios de valor", añadió.
"Lo tiene que decir la Justicia", repitió el alcalde en varias ocasiones, recordando que el Ayuntamiento ha puesto "en manos de la Fiscalía la información" y ha pedido una investigación. Además, celebró que el propio Granados haya anunciado su comparecencia ante la Asamblea de Madrid porque "los ciudadanos tienen perfecto derecho a pedir un esclarecimiento total de estos hechos".
Dice que no sabía nada
Por otra parte, el alcalde negó haber sabido la existencia de esta trama hasta su publicación en prensa el pasado lunes. "Jamás nadie me había dado cuenta de estos informes ni tenía noticia de los mismos", dijo rotundo, argumentando además que independientemente de que el objeto del espionaje haya sido Cobo o González, o incluso si lo fuera él mismo, "éste es un hecho gravísimo, fuera de los márgenes de la ley y que merece una investigación y una depuración de responsabilidades".
En este sentido, eludió pronunciarse sobre si sería necesario hacer una investigación interna en el seno de su partido ya que hasta la fecha no se sabe "quiénes son los autores materiales", por lo que este tema caería más, en su opinión, en "el terreno de la investigación penal, y no en el de la depuración de responsabilidades políticas". "Cuando esas personas estén acreditadas, entonces actuaremos", amenazó.
Mensaje a Aguirre
Con respecto a la propia unidad de parapolicía creada supuestamente por Granados, Gallardón insistió en que "el monopolio de la investigación, de averiguar cualquier acontecimiento de la intimidad, corresponde a jueces y fiscales en un Estado de Derecho". "Por mi experiencia y por mi vocación política conozco muy bien el funcionamiento y competencias de las comunidades autónomas, y la de Madrid no tiene competencias en materia de seguridad, así que no tiene que tener ningún tipo de cuerpo parapolicial que realice funciones ajenas a sus obligaciones con los ciudadanos", reclamó.
"Los únicos con competencia (en esta materia) son los servicios de inteligencia y seguridad del Estado, el Gobierno de España. Ni siquiera los ayuntamientos, que colaboramos en la seguridad con el Gobierno podemos montar este tipo de investigación al margen de la ley, y mucho menos las comunidades autónomas, que no tienen competencia", afirmó.
Por último, el regidor capitalino consideró que este tema no guarda ninguna relación con la batalla abierta entre él y la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, por el control de Caja Madrid. "No hay que mezclar las diferencias entre administraciones y compañeros de partido con una vulneración gravísima de los derechos fundamentales, de una intervención que significa que no podemos estar tranquilos en un Estado de Derecho. Esto es más grave que una disputa de partido", consideró.
Asimismo, añadió que las declaraciones del vicesecretario general del PSOE, José Blanco, en esta línea fueron un "comentario frívolo" al intentar aprovechar la situación de manera partidista, y apuntó que la línea temporal no cuadra para explicar la trama, ya que el espionaje a Cobo tuvo lugar el pasado mes de abril, mientras que la lucha por la renovación de los órganos de Dirección de la caja no comenzó hasta después del verano, mientras que el espionaje a González fue en agosto y, por lo tanto, tras la reelección de Rajoy como presidente del PP.