El magistrado juez de Familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita, condenado por el Tribunal Supremo a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el expediente de adopción de una menor por una mujer lesbiana, ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que suspenda de forma cautelar la ejecución de la sentencia.
Esta solicitud se ha planteado en el recurso de amparo presentado ante el TC contra la decisión del Supremo que supondría, en el caso de ejecutarla, su alejamiento definitivo de la carrera judicial, ya que sus efectos se extenderían hasta el año 2018.
Ferrín ha solicitado la suspensión, al considerar que caso de ejecutar la sentencia del Supremo se podrían derivar consecuencias irreparables o de difícil reparación si el Tribunal Constitucional aprueba su recurso de amparo.
Este magistrado tiene también entablada una acción penal ante un Juzgado de Instrucción de Murcia contra dos funcionarias del gabinete psicosocial de su antiguo Juzgado, por los presuntos delitos de falsedad documental y falso testimonio.
El juez se basa en lo declarado por estas funcionarias y por las madres querellantes en el juicio seguido contra él para señalar que pueden haber incurrido en estas figuras delictivas, ya que cuando la madre adoptiva y la adoptante acudieron para practicar un informe de idoneidad "el mismo estaba ya hecho".
Ferrín Calamita pide al TC la suspensión cautelar de su sentencia
El juez ha pedido al TC que suspenda cautelarmente la ejecución de la sentencia de inhabilitación. Señala las consecuencias irreparables para su carrera y recuerda su acusación de falso testimonio a dos funcionarias. Calamita denunció un "trato discriminatorio" en comparación con Garzón.
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