LD (Ángela Martialay) La primera huelga de jueces de la Historia de la democracia española ha superado todos los pronósticos, a pesar de que el ministro Mariano Fernández Bermejo reiteró ayer que “sólo una minoría” de magistrados la secundarían. Sus convocantes, la asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, así como varios decanatos judiciales, la han calificado como un “éxito”. Además, los jueces aseguran que en torno al 60 por ciento de la Carrera Judicial se han protagonizado el paro (2.192 jueces).
En tanto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estima que 35,38% de los 4.621 jueces en ejercicio en el día de hoy (1.635 magistrados) han recurrido a la huelga. Lo cierto es que ambas estimaciones convierten esta protesta en una huelga protagonizada por un poder del Estado sin precedentes alguno.
Según los datos facilitados por el órgano de gobierno de los jueces, las comunidades autónomas donde mayor seguimiento ha tenido la huelga han sido Aragón (64,84% de seguimiento), Murcia (62,69%), y Valencia (60,19%). En Madrid, el partido judicial más importante de España, se han sumado a la huelga 279 jueces. También ha tenido una gran repercusión la protesta en comunidades como Cataluña, Andalucía y Galicia.
Es menester señalar que sólo dos jueces de la Audiencia Nacional han ido a la huelga, mientras que ninguno de los magistrados del Tribunal Supremo ha secundado el paro.
No obstante, el portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, ha manifestado su satisfacción por el desarrollo de la jornada y ha rechazado los datos sobre su seguimiento ofrecidos por el Consejo, al que ha acusado de recurrir a "soplones" para recabar la información en lugar de preguntar a los jueces.
"Como parten del empecinamiento de que no hay huelga, en lugar de preguntar a los jueces ha nombrado soplones en los Tribunales Superiores de Justicia ¿Por qué no ha preguntado a jueces y decanos?, se cuestionó Gallardo en declaraciones a Europa Press.
Una nueva movilización ante el Ministerio
Por su parte, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, ha calificado la protesta de "cualitativa", al haberse secundando de forma masiva en las principales provincias españolas como Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, así como en la mayoría de órganos jurisdiccionales unipersonales. Además, el decano ha anunciado que habrá una movilización ante el Ministerio de Justicia en el próximo mes de abril.
Respecto a las negociaciones con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, el magistrado ha reiterado una vez más que las negociaciones con Bermejo se encuentran rotas porque "si se pudiera hablar con el ministro se hablaría". Esta declaración es compartida por muchos miembros de la Judicatura que creen que Bermejo es un interlocutor "nefasto" con el que negociar.
Un “grupo de jueces”, según el ministro
Por otro lado, el ministro ha evitado valorar la huelga hasta que tuviese datos oficiales, aunque sí ha subrayado que "un grupo de jueces han decidido hacer huelga a pesar de la opinión del órgano de los jueces". De hecho, criticó al juez decano de Madrid y dijo que se ha situado "en esta línea y ha aprovechado su cargo para las posiciones reivindicativas". Además, el ministro ha arremetido contra los jueces decanos a los que ha acusado de "ejercer una función que no le corresponde".
Además, el socialista sí se mostró favorable a realizar una ley que prohíba las huelgas de los jueces porque, a su juicio, "un órgano del Estado no puede hacer huelga". Es más, dijo que habrá que legislar para que puedan reivindicar sus derechos pero siempre sin poder realizar paros.
Reivindicaciones de la Magistratura
Con estas protestas, los jueces denuncian que una amplia mayoría de la Judicatura trabaja muy por encima de sus posibilidades, ya que deben atender a un número muy superior de asuntos al previsto en los módulos de trabajo establecidos por el CGPJ para cada oficina judicial. Además, los datos reflejan que año tras año la partida presupuestaria destinada a la Justicia es una de las que menos inversión ha recibido por parte de todos los gobiernos.
Un mayor número de jueces, un reparto de la carga de trabajo más razonable, la supresión del traslado forzoso por ascenso, la revisión de la planta judicial y el control de los señalamientos de los juicios son algunas de las reivindicaciones que han llevado a la huelga a la Magistratura. Asimismo, los jueces reclaman la urgente instauración de la oficina judicial, que les liberará de muchas funciones para que se dediquen a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pero exigen mantener la facultad de señalar los juicios y vistas, que el Gobierno ha atribuido a los secretarios judiciales. Este proyecto data de 2003.
Por otro lado, las asociaciones judiciales reclaman la conexión informática entre Juzgados de distintas Comunidades Autónomas que actualmente son "incompatibles", y un sistema de alerta que les permita, por ejemplo, saber al momento si un imputado tiene causas pendientes en otros juzgados.
El Gobierno asegura que la mayoría de ellas son asumibles y que muchas están ya en trámite parlamentario, aunque lo cierto es que el encuentro mantenido entre Bermejo y los portavoces judiciales sirvió para poco.
Bermejo ha reconocido este miércoles que son necesarias las mejoras en la Administración de Justicia aunque ha recalcado que "también se escuchan muchas tonterías". Para el ministro que los jueces reivindiquen que se duplique el número de magistrados en un plazo de 5 años "es un disparate muy bueno".