El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tiene previsto hacer pública una sentencia el próximo doce de enero en la que sostiene que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón estaba "contaminado" para instruir el caso Marey y debió abstener de emprender el procedimiento.
En el texto, al que ha tenido acceso el diario El Mundo, el Alto Tribunal da la razón, no obstante, al Reino de España y considera que el proceso conjunto fue ajustado a la Ley y que, en esta medida, la condena que recayó en Rafael Vera, ex secretario de Estado de Seguridad, ha de verse confirmada. Una decisión que se toma después de que el Supremo realizara una reinstrucción posterior.
Pese a todo, la resolución del Tribunal Europeo no es ni mucho menos unánime ya que ha sido aprobada gracias a una mayoría de cuatro de los miembros de la Sala frente a los tres que han presentado unos votos particulares cuyo contenido incluye críticas al procedimiento que se siguió con el caso del GAL y que hacen especial hincapié en la actitud y el comportamiento del magistrado Garzón.
De hecho, y según desvela El Mundo, los cuatro miembros que constituyen la mayoría se suman a los críticos en la reflexión de que Garzón, en ningún caso, debería de haber llevado a cabo la instrucción del primer caso atribuido a los GAL. Además, únicamente salvan la sentencia final y el procedimiento porque entienden que el juez Eduardo Móner, miembro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, realizó una segunda instrucción que rehabilitó los defectos de forma y fondo, la escasez de garantías en definitiva, de los que había padecido la instrucción de la Audiencia Nacional.
La sentencia, según los datos en manos de este rotativo, alcanzó la redacción considerada definitiva a principios de diciembre y, al menos desde finales de año, varios miembros del Gobierno tienen conocimiento de su resultado.
No obstante, esta decisión puede verse sometida todavía a un último análisis que estaría en manos de la llamada Gran Sala, una especie de Pleno formado por 17 magistrados -entre los que no hay ningún español-, y sería la consideración definitiva.
Con esta sentencia, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo da carpetazo, por lo menos de momento, a un caso que se remonta al año 1997 cuando, debido a nuevas declaraciones y pruebas aportadas por el ex comisario José Amedo y por su subordinado Michel Domínguez, condenados ambos a 108 años de prisión por su pertenencia a los GAL, se reabrió la investigación por el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey.
Uno de los acusados es Rafael Vera, ex secretario de Estado de Seguridad, quién en su día también acusó a Garzón de haber salido "despechado" de su experiencia política, ya que de lo contrario, según apuntó, "no se puede explicar cómo un juez que estuvo conmigo en la lucha política, al salir del Ministerio del Interior lo primero que hace es encarcelarme". El socialista fue condenado a 10 años de prisión por detención ilegal y por malversación de caudales públicos.