Con este proceso de "externalización" no tenía que pasar los controles que dignifican la función pública. Denunciado por funcionarios, por la oposición y por todos, el PSOE siguió adelante con su plan, pero ahora, el TSJA lo ha cortado en seco. En un auto histórico, prohíbe seguir adelante con una operación clásica "externalización" y tapa así un coladero de irregularidades.
Puede ser el primer paso de un camino que devuelva la neutralidad, la competencia y la dignidad a la administración andaluza confundida por el PSOE con un apéndice partidista. El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía ha lograda un sonado triunfo sobre la arbitrariedad instalada hace décadas. Lea el auto completo.
En esta ocasión, la Junta quería que una empresa mercantil, SADESI, vinculada a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, se encargara de la operación y soporte de Sistemas de Gestión empresarial implantado en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Ver BOJA nº 93 de 18 de mayo de 2009), cuya gestión era llevada y podrían haber seguido llevado los funcionarios de la Junta, con menos coste de personal. La cosa significa unos 100.000 euros. Según el sindicato "La adopción de esta medida cautelar es todo un hito en nuestra trayectoria sindical".
Juan Romero, su secretario general, que habló ayer mismo con Libertad Digital precisó que la grandeza y la eficacia de este medida cautelar está en que impide que la Junta pueda recurrir, como era lo habitual, y seguir implantando su modelo durante unos años mientras se resolvía el asunto. Este es un auto que impide, que prohíbe seguir adelante con el proyecto.
"Esta suspensión no tiene antecedentes, y que hayamos conseguido parar una encomienda de gestión de esta envergadura no tiene antecedentes en nuestra historia", afirmó Romero, que añadió que para él este auto devuelve la esperanza en el estado de derecho que teníamos casi perdida.
El SAFJA siempre ha defendido, y "continuaremos haciéndolo, que, tal y como explicita el auto del TSJA , "la atribución de potestades públicas al personal de la mercantil pública, en este caso, es contraria a Ley y supone el reflejo de la huída del Derecho Administrativo que está experimentando la Administración andaluza", vaciando de contenido las funciones y atribuciones de los funcionarios públicos.
Argumento éste respaldado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que dispone, en su artículo 9.2: "En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca".
El Tribunal andaluz en su auto hace un retrato rápido del funcionamiento de la Administración bajo el dominio del PSOE. Dice lo que sigue:
a)Si los trabajadores de una mercantil ejercen potestades públicas en la ejecución de la encomienda la situación sería difícilmente reversible. Este caso se da en numerosos puntos de la Administración Andaluza.
b)El interés general alegado por la Administración no se ve perturbado porque dichas funciones puedan realizarse como hasta ahora por los numerosos funcionarios que tiene la Administración a quien incumbe la planificación y racionalización de sus recursos humanos, sin necesidad de aumentar el gasto.
c)Acepta en los fundamentos de Derecho que lo que está ocurriendo en Andalucía es la huida del Derecho Administrativo por parte de la Junta y, en dirección qué duda cabe, hacia la arbitrariedad.
Y por si fuera poco, no exige medida alguna ni fianza, lo que deja mayor libertad de movimientos al Sindicato denunciante.