LD (Pedro de Tena) Un año tras otro se pone de manifiesto que la transferencia de las competencias de Justicia a la Junta de Andalucía han empeorado el funcionamiento de la Administración en la comunidad. La demanda judicial aumentó diez puntos en Andalucía en 2008. Desde hace más de un año, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reclama con urgencia una reforma del sistema, pero apenas se aprecian cambios a pesar de huelgas y protestas.
Los nuevos datos indican que, aunque el pasado año aumentó en un 7% el número de asuntos resueltos, la gran demanda (1.900.712 asuntos registrados) propició que la pendencia aumentara un 20% respecto a 2007, con 492.239 asuntos sin resolver a finales de 2008. Además, hay 300.000 sentencias pendientes de ejecutar en Andalucía según el Consejo General del Poder Judicial. Ayer, con motivo de la presentación de la Memoria Anual correspondiente, Augusto Méndez de Lugo, presidente del TSJA, reiteró la denuncia sobre la situación de colapso que vive la justicia andaluza
Los datos nuevos esenciales son los siguientes:
- Sentencias totales. Los 1.283 jueces dictaron 277.152 sentencias, una media de 216 cada uno.
- Audiencias. Dos de tres asuntos ingresados en las Audiencias Provinciales son penales. Málaga, Sevilla y Cádiz son las que ingresan mayor cantidad de asuntos penales (4.000) y civiles (2.000).
- Vigilancia penitenciaria. En los 11 Juzgados ingresaron 45.955 asuntos y se resolvieron 45.901.
- Menores. Los 17 Juzgados de Menores registraron 8.451 asuntos penales, un 5% más.
Sentencias pendientes
No son una ni dos ni tres. Son miles, centenares de miles. Sólo en los juzgados de lo Penal esta cifra asusta a cualquiera: 58.853, lo cual es un escándalo de proporciones mayúsculas. En los Juzgados de Menores hay más de 7.500 sentencias pendientes de ejecución. En los juzgados de lo Social, más de 9.000. En los de Violencia contra la Mujer, 628. Entre todos los Juzgados andaluces, las sentencias pendientes o en trámite a final de 2008 eran nada menos que 306.238. En el conjunto de España, las sentencias sin ejecutar ascienden a 1.781.121. ¿Cómo puede tener una sociedad democrática y un Estado de Derecho estas cifras? Aquí puede ver los datos de Andalucía.
Lo que quieren decir estas cifras es, por ejemplo, que hay 58.853 víctimas que no han sido resarcidas y que hay otros tantos delincuentes que no han sido castigados. El Correo de Andalucía que se refiere a los datos de Sevilla lo explica de este modo; "Las costuras del traje de la Justicia no dan para más. El mejor calificativo para definir una situación que ha provocado la primera huelga de jueces de nuestro país es colapsada. Las cifras de 2008 son un claro ejemplo:10.003 sentencias por cumplir sólo en los juzgados de lo Penal, unas 769 por cada uno de los 13 juzgados de esta jurisdicción. O lo que es lo mismo, 10.003 víctimas a las que no se les ha resarcido".
"Bien es cierto que no todas ellas son delitos graves y que la gran parte son multas o faltas que no se han cumplido, pero entre esa cifra alarmante e histórica también hay lesiones, robos y agresiones sexuales que no han sido aún pagadas por su autor, como ocurrió con Mari Luz, cuyo supuesto asesino tenía pendiente de cumplir más de dos años de prisión por abusar de su propia hija", explica el diario andaluz.
Déficit informático
Por otro lado, Andalucía recibió la transferencia de las competencias en Justicia en 1997 y se diseñó un plan integral para la progresiva implantación de las nuevas tecnologías en los tribunales bajo el nombre de Plan Adriano que ha resultado un desastre. La prueba es que el ¡primer expediente digitalizado ha sido el caso Malaya!
Hace cinco años, la UGT ya calificaba de "desastre" el sistema informático de los juzgados de Sevilla y que estas deficiencias informáticas estaban agravando los tradicionales problemas de agilidad del sistema judicial. Ahora, hace unas semanas, la Consejería de Justicia afronta un nuevo Plan Informático con el que se confirma que el Plan Adriano ha resultado insuficiente e ineficaz.
Informe sobre la Situación de la Justicia andaluza
Tras 11 años de la transferencia de la Administración de Justicia a la Junta de Andalucía, que la reclamó con insistencia y confrontación a un gobierno del PP mientras que jamás la reclamó a los gobiernos de Felipe González, los resultados en fríos datos contenidos en el Informe sobre la situación y las necesidades de personal al servicio de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, son los siguientes:
1.-Andalucía, excluidos los Juzgados de Paz que quedan fuera de este estudio, cuenta actualmente con 571 Juzgados distribuidos en 85 partidos judiciales, con 41 Secciones en sus 8 Audiencias Provinciales, aunque las de Melilla y Ceuta, adscritas respectivamente a la planta de Málaga y Cádiz entran, en el tema de estudio, dentro del ámbito competencial del Ministerio de Justicia. La planta la completan las siete salas que componen el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En total, 617 oficinas judiciales en Andalucía Ceuta con 12 Juzgados y 1 Sección de la Audiencia Provincial, y Melilla con 11 y otra Sección".
2.-Consideramos germen de la mayoría de los problemas y disfunciones a solucionar, es que la plantilla orgánica atribuida a cada uno de los 617 órganos judiciales en Andalucía supone, con ligero margen de error al no haber precisado algunos Registros Civiles su plantilla real, un total, al menos, de 5.898 funcionarios distribuidos entre las tres categorías profesionales: gestores procesales, tramitadores y auxilio judicial; y en cambio, únicamente 4.179 de esos puestos de trabajo estaban ocupados a la fecha de estudio por sus titulares.
3.-Consecuentemente, la Consejería de Justicia únicamente cuenta con un 70’8% de funcionarios titulares para atender la totalidad de los puestos de trabajo correspondientes a la Planta de los Juzgados y Tribunales actualmente en funcionamientos y el asignado a los Servicios Comunes adscritos a algunos Partidos Judiciales o Tribunales.
4.-Para cubrir ese déficit de 1.719 plazas, que seguramente aumentará con los más que previsibles déficits en la Planta de Juzgados de Paz, incluso de Fiscalía e Institutos de Medicina Legal, las Delegaciones Provinciales de Justicia sólo pudieron disponer de 1.178 funcionarios de la Bolsa de Interinos y, agotadas éstas prácticamente en todas las Delegaciones, fue preciso acudir, para cubrir esas vacantes, a la contratación, al menos en el período de estudio, de 399 trabajadores demandantes de empleo ante el SA.E., que, con nula experiencia y sin preparación previa se vieron, de pronto, convertidos en funcionarios de Justicia al frente de un ingente volumen de expedientes, incapaces de tramitar e incluso de comprender. Aún así, se encontraban sin cubrir en Andalucía 142 puestos de trabajo en órganos judiciales.
5.-La Administración de Justicia en Andalucía padece, pues, un muy alarmante déficit en la plantilla de funcionarios de justicia que han de proveer los órganos judiciales de Andalucía e incluso un menos justificado déficit en su bolsa de funcionarios interinos, con singular y grave incidencia en las provincias de mayor número de puestos de trabajo, como son, por este orden, Sevilla, Málaga y Cádiz. Consecuencia de ello es, según los datos ofrecidos por las Delegaciones Provinciales de Justicia, que entre junio 2006 y junio 2008 se contrataron y actuaron nada menos que 833 personas demandantes de empleo (S.A.E.), el 75’3% de ellos en puestos de gestión o tramitación.
6.-La Administración autonómica se ha visto en los últimos años, desde 2005 y sobre todo de manera generalizada a partir del año 2006, incapaz de dotar de plantilla apropiada cada uno de los Juzgados de nueva creación que, entre el 20 de junio de 2006 y el 28 de diciembre de 2007, fueron en Andalucía 28 Juzgados -12 de ellos de Violencia sobre la mujer- como complemento a una planta que inicia su andadura tras la entrada en vigor de la Ley de Violencia Integral a medidas de 2005. El problema volverá a reproducirse en breve con la entrada en funcionamiento de 26 nuevos Juzgados y una Sección de Audiencia, correspondientes al incremento en la Planta Judicial del año 2008.
7.-Los juzgados creados entre 2005 y buena parte del 2006 se caracterizaron por dotarlos mayoritariamente con trabajadores demandantes de empleo que, para perplejidad de todos, habrían de poner en funcionamiento un juzgado del que desconocían cuáles eran sus tareas y cómo realizarlas. En la última etapa, según el orden jurisdiccional al que corresponden, acudiendo, en parte a funcionarios interinos y titulares en comisiones de servicio, y en otros caso, singularmente en los Juzgados de Violencia sobre la mujer, exclusiva o preferentemente con titulares mediante comisiones de servicio ofertadas entre funcionarios de carrera de la misma localidad en aras a dotar, a toda costa, con ellos la plantilla del nuevo Juzgado.
El remedio distorsionó, en no pocos casos, y sobre todo en poblaciones relativamente pequeñas, el funcionamiento de unos juzgados, ya de por sí colapsados (motivo de la nueva creación) en razón a una carga de trabajo de la que los funcionarios comisionados huyen, a toque de a rebato, dejando una oficina judicial difícilmente recuperable.
8.- La falta de recursos humanos, la estancación producida desde la Administración Estatal –no se convocaron oposiciones para ingreso en los cuerpos profesionales de funcionarios de justicia los años 2004 y 2005 y las convocadas en 2006 no entraran en funcionamiento hasta mediados de 2009- a la espera de unas definitivas relaciones de puestos de trabajo desde las que construir el modelo de oficina judicial, ha frenado, por no decir paralizado, una política de planificación de personal que, desde años atrás, exigía imperiosamente corregir las desfasadas e insuficientes plantillas de funcionarios en numerosos órganos judiciales.
Se demanda así la acuciante necesidad de adecuar sus plantillas a la verdadera carga de trabajo que soportan tanto los juzgados de capitales de provincia como, singularmente, los juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, generalmente servidos por jueces donde habitualmente los dos juzgados que integran el partido judicial, mantienen, desde hace muchas décadas, el mismo número de funcionarios -cuando no ha perdido alguno-.
De esta forma, se amortizan plazas con las que proveerse de efectivos para poner en funcionamiento oficinas de Servicio Común en unos Partidos Judiciales que, sin embargo y entre tanto, han visto poderosamente incrementada la población, la litigiosidad, y sobre todo sus propias competencias como resultado de nuevas leyes que han venido a empeorar, de manera generalizada y a un ritmo vertiginoso, como nunca hasta entonces se había producido, la situación de los órganos judiciales.
9.-Solamente los dos Registros Civiles únicos (Málaga y Sevilla) concentran 106 funcionarios. La plantilla de Málaga, como luego se dirá, es insuficiente, y también lo es en numerosos Partidos que precisan incremento y que han de verse, frecuentemente, ayudados con medidas de refuerzo. Entre todos los demás Partidos Judiciales, algo más de otros 120 funcionarios, son destinados para atender estas oficinas de Registro Civil, prácticamente los mismos que acaparan las capitales de Málaga y Sevilla. Una racional planificación de estas oficinas exigiría una disponibilidad superior a los 300 funcionarios.
10.- Es urgente la cobertura y provisión real de las más de 1.700 plazas vacantes pendientes de asignar a funcionarios titulares y, al margen de estas plazas creadas pero no dotadas, insistimos, es prioritario, también, actualizar e incrementar la planta funcionarial de numerosos órganos judiciales