LD (Ángela Martialay) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido un informe de 305 páginas, cuyo trabajo de campo se llevó a cabo entre abril y junio de 2008, y al que ha tenido acceso Libertad Digital, en el que se analiza la situación de la Administración de Justicia andaluza. Este análisis se ha hecho público a seis días vista de que el Consejo General del Poder Judicial revise la sanción del juez Tirado.
El documento redactado por los 33 magistrados andaluces detalla, partida judicial por partida judicial, la falta de personal en los juzgados y la sobrecarga de trabajo en los mismos. Del Penal número 2 de Sevilla es titular el juez del caso “Mari Luz”, Rafael Tirado, sancionado por mantener en libertad al presunto autor de la muerte de la niña de Huelva, Santiago del Valle.
El error judicial de Tirado fue retrasar la ejecución de una sentencia. Ahora, el TSJ dice que de media hay 450 ejecutorias pendientes en los juzgados penales sevillanos. Dicho informe denuncia que “la media de asuntos pendientes de enjuiciamiento por juzgado Penal -hay 13 en la capital andaluza- es de 183 asuntos y la de ejecutorias en 450 asuntos por juzgado”.
Misma plantilla que en 1989
Además, el análisis del TSJ andaluz denuncia que “se reduce a 6 el personal que ha de tramitar y controlar” los procedimientos judiciales “según las distintas fases en las que se encuentren y de acuerdo con la distribución que disponga el responsable del Juzgado”. Es decir, la misma plantilla con la que iniciaron su andadura los penales a finales de 1989.
Asimismo, la Sala de Gobierno del alto tribunal andaluz destaca que “el cumplimiento de las penas, en no pocos casos, se convierte en un proceso complejo” debido a “las largas decenas de miles de procedimientos enjuiciados” y a “las vicisitudes procesales de todo orden en la ejecución de la penas”, entre otras cuestiones.
Según subrayan los magistrados, el incremento de las cargas de trabajo de estos juzgados “exigen dotarlos con una plantilla adecuada a sus necesidades reales, que la actual configuración a duras penas logra cumplir”. Queda en manos de la Junta de Andalucía principalmente, ya que tiene transferida las competencias, solventar las deficiencias de la Administración.
El informe estadístico del CGPJ, denominado la "Justicia dato a dato", estima que en 2007 se quedaron sin resolver 90.676 asuntos penales en los diferentes juzgados españoles.
