El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado declararse incompetente para emitir una sentencia sobre los recursos contra el Estatuto de Cataluña, al considerar que, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, "no ha lugar" a la petición formulada por la Generalidad y el Parlamento de Cataluña.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado este jueves ocho providencias rechazando declararse incompetente para dictar sentencia sobre el Estatut de Cataluña, tal y como le habían solicitado por escrito tanto el Gobierno de la Generalitat como el Parlamento de Cataluña.
En dichas providencias se señala que "no ha lugar" a lo solicitado en cumplimento del artículo 17.2 de la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal Consitucional, que señala que sus magistrados "continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles".
Un tribunal "viciado"
Según informaron fuentes del alto tribunal, han dictado ocho providencias porque el escrito de la Generalidad, que llegó ayer, se refería únicamente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP; mientras que el que llegó esta misma mañana procedente del Parlamento de Cataluña solicitaba la declaración de incompetencia de los magistrados respecto de los ocho recursos interpuestos contra la norma estatutaria (por del PP, el Defensor del Pueblo y por las comunidades autónomas de Aragón, Murcia, La Rioja, Baleares y Valencia).
Según el escrito del Parlamento catalán, redactado por sus diez letrados la situación actual del alto tribunal "podría incluso llegar a calificarse como irregular o viciada", puesto que se quebrantan los principios de independencia e imparcialidad que deben guiar su actuación.
El escrito indicaba que su solicitud de incompetencia "no es una táctica dilatoria del procedimiento", y ve anómala la actual composición del Tribunal, con cuatro miembros con mandato prorrogado desde 2007 y dos vacantes, una por fallecimiento y otra por recusación. "Las condiciones que aseguran la independencia e imparcialidad del TC se han visto afectadas gravemente. La capacidad de juzgar objetivamente ha resultado menoscabada", argumenta el texto, que considera que el Alto Tribunal debe evitar cualquier sospecha en su actuación siendo escrupuloso al máximo.
La existencia de 'bloques' --"lo cual parece confirmarse cuando el alineamiento de unos magistrados con otros se repite a menudo, sea cual sea la cuestión sometida a su consideración"-- no es lógica, según la cámara, y podría inducir a pensar que existen criterios extrajurídicos en estas actuaciones, algo que el TC debe evitar.
También deberían ponerse límites a las filtraciones, ya que sus deliberaciones deben ser secretas, por lo que su difusión proyecta a la opinión pública la imagen de un Alto Tribunal "marcada por la politización, con la consiguiente pérdida de confianza ciudadana", se añadía.
Sentencia antes del verano
Por su parte, la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, da por seguro que habrá una sentencia sobre el Estatut de Cataluña antes del verano, después de casi cuatro años de deliberaciones y seis borradores frustrados, según reconoció ella misma anoche ante un grupo de periodistas tal y como informa Europa Press.
En la citada conversación, que se produjo durante una recepción, la presidenta fue preguntada si es factible que haya pronto un fallo del TC y respondió que será antes del verano. "Seguro que hay sentencia", afirmó. Casas asumió la ponencia de la sentencia del Estatuto el pasado 19 de mayo, después de que el borrador del texto redactado por el conservador Guillermo Jiménez no cosechara los apoyos necesarios en el pleno y fuera retirado antes de la votación.
Antes del proyecto de Jiménez, el alto tribunal había rechazado por seis votos frente a cuatro la ponencia que elaboró la magistrada del sector progresista Elisa Pérez Vera, que llegó a tener hasta cinco borradores.