Cuatro años de demora, una insoportable presión mediática, por no hablar de la inminencia de las elecciones catalanas. Toda esta confluencia de factores ha necesitado el órgano presidido por Maria Emilia Casas para dictar sentencia.
Pero según publica La Razón, en noviembre de 2009, hace más de siete meses, el TC ya tenía un fallo y sin embargo, abortó la sentencia pese a estar avalada por un amplio consenso. Este fallo matizaba la redacción del texto de forma más explicita a la que fue emitida este mismo martes.
Pese a ese consenso, se dio marcha atrás ante el temor por las consecuencias mediáticas que se producirían de publicarla en ese momento concreto, según aseguraron fuentes judiciales a las que acudió La Razón. Y es que en esas fechas la prensa catalana acababa de publicar un editorial conjunto titulado "La dignidad de Cataluña" en defensa del texto independentista. Los medios escritos exigían que no se rebajase del Estatut y se cuestionaba la autoridad del órgano judicial para dictar sentencia en un momento en el que seis de sus doce magistrados estaban interinos.
Debido a la crispación levantada por el texto, el TC optó, dice La Razón, por ocultar ese principio de acuerdo. Desde ese momento, María Emilia Casas se esforzó en sacar adelante la sentencia antes de las vacaciones veraniegas, espoleada por el Ejecutivo de Zapatero. Al final la sentencia llegó, pillando con el pie cambiado a las fuerzas políticas catalanas, según el diario.
La consecuencia es que cada vez está más lejos un posible y eventual acuerdo entre CiU, que mejora en las encuestas, y el PP en Cataluña. Este escenario beneficia a los intereses del Ejecutivo central, sobre todo en esta complicada segunda mitad de esta legislatura, y cuando todavía no tiene ningún apoyo para los PGE de 2011.