El Supremo pide una fianza a los abogados que acusaron a Garzón por el curso en Nueva York

Así lo ha acordado el magistrado instructor de esta causa en el Alto Tribunal, Manuel Marchena, en un auto que dispone que dicha fianza debe prestarse en metálico en el plazo de ocho días.

Marchena, quien tiene que citar al juez de la Audiencia Nacional para que declare como imputado, ha fijado dicha fianza "por las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse para los querellantes y la previsible asequibilidad de su prestación".

El Supremo admitió a trámite la querella de Mazón y Panea por prevaricación, cohecho y estafa el pasado 28 de enero para que la investigación aclare si en la entrega del dinero "medió la consideración al hecho de tratarse de un juez de instrucción de la Audiencia Nacional o si por el contrario tal cosa puede valorarse como una mera suposición o conjetura".

El pasado 22 de febrero el Alto Tribunal rechazó el recurso que Garzón había interpuesto contra dicha admisión a trámite al considerar el juez de la Audiencia Nacional, entre otras cuestiones, que el TS le había tratado peor que a cualquier ciudadano por ser miembro del Poder Judicial.

Garzón también alegó que se trataba de una "cosa juzgada", ya que ambos abogados presentaron otra querella similar ante el Supremo que fue archivada el año pasado, y solicitó la nulidad de todo lo actuado a partir de la presentación de la segunda querella "por haberse llevado a cabo una instrucción material de la causa sin permitirle defenderse a lo largo de la misma".

Sin embargo, el Supremo no aprecia indefensión, y respecto a si se trata de una cosa ya juzgada, cree que en el auto recurrido se establece con claridad que "la querella presentada en esta causa especial aporta un hecho nuevo, consistente en la petición personal de los fondos por parte del querellado, que no aparecía expresado en la anterior".

Garzón tiene pendiente en el TS otras dos querellas, una por investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, por lo que ya declaró en el Supremo el pasado 9 de septiembre, y la otra por ordenar la grabación de las comunicaciones en prisión de los cabecillas del "caso Gürtel".