El magistrado instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, ha informado este lunes que adoptará una decisión sobre la petición de los aforados del PP Luis Bárcenas y Jesús Merino de declarar voluntariamente, cuando reciba la documentación reclamada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Así lo ha anunciado el magistrado a través de un comunicado de prensa, un método rara vez utilizado por los miembros del Alto Tribunal. En dicha nota, Monterde aclara, que ante la "expectación" y las "especulaciones" suscitadas y “dejando a salvo el secreto y reserva de las actuaciones, así como el derecho constitucional a la presunción de inocencia”, procede a incoar las diligencias previas contra los populares.
Respuesta a la Fiscalía
A pesar de que el juez no citará a los populares hasta que reciba "los correspondientes testimonios de actuaciones" de la Justicia madrileña, esto no repercutirá en que pueda cursarse la petición de suplicatorio al Parlamento que, según explica el juez, "es necesaria para los casos de imputación definitiva mediante inculpación o procesamiento". De esta forma el magistrado responde al escrito que el pasado viernespresentó la Fiscalía ante el Supremo para que pidiese a las Cortes los suplicatorios de Bárcenas y Merino.
Por otro lado, y tras las críticas recibidas por algunos medios de comunicación de izquierdas, Monterde recuerda en primer lugar en el comunicado que ha sido designado instructor de la causa “según el procedimiento de turno” por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.
En un auto hecho público el pasado día 24, en el que Alto Tribunal decidía investigar a los populares por supuestos delitos fiscal y de cohecho, la Sala de lo Penal lo nombró instructor. El hecho de que Monterde sea miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y en su día fuese vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del PP, despertó recelos en algunos medios.
El Supremo asumió la parte de la caso Gürtel' que afecta al tesorero Bárcenas, y Merino, devolviendo el resto de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que el juez instructor, Antonio Pedreira, siga llevando la investigación de la supuesta trama de corrupción.