El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que instruye la causa abierta contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por presunto cohecho y prevaricación relacionados con su gestión de unos cursos en la Universidad de Nueva York, ha citado a declarar la próxima semana al ex presidente de Endesa y ex diputado del PP Manuel Pizarro y al presidente del BBVA, Francisco González, para que aclaren las donaciones que las entidades de las que eran responsables prestaron a estos simposios en 2005 y 2006.
En una providencia notificada este jueves por el alto tribunal se concreta que el ex responsable de Endesa debe comparecer el próximo día 13 ante el instructor a las 10.30 horas en calidad de testigo en esta causa. Dos horas más tarde está citada a declarar Montserrat Carrión Luengo, empleada de la eléctrica, destinataria de los correos electrónicos intercambiados con el Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York para la formalización del contrato de patrocinio.
Un día después, el 14 de julio declararán ante el juez Marchena el presidente del BBVA y el ex director de comunicación de esta entidad bancaria Javier Ayuso Canals. Las declaraciones solicitadas por el magistrado concluirán el día 15, con dos responsables de Telefónica: José María Sanz-Magallón Rezusta (consejero delegado de Telefónica Internacional y responsable de la oficina de Telefónica en Estados Unidos) y Loreto Pérez del Puerto (directora de relaciones corporativas internacionales de la compañía).
Estas citaciones llegan después de que el magistrado del Tribunal Supremo solicitara el pasado 10 de junio diversa documentación a Endesa, BBVA, Telefónica y Caixa Cataluña, tras conocer que todas ellas podrían haber patrocinado cursos organizados por Garzón en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006. En concreto, el juez solicitó certificación de las "cantidades abonadas por cualquier concepto, con indicación de su fecha e importe" al citado centro de Derecho y Seguridad".
Finalmente, ha citado a declarar en calidad de testigos a directivos o ex dirigentes de estas compañías, a excepción de Caixa Cataluña, que le hizo llegar un documento en el que asegura que, "tras recabar de los departamentos de Contabilidad, Obra Social y Secretaría y Órganos de Gobierno" la información solicitada, puede asegurar que, "salvo error u omisión", no se abonó "ninguna cantidad" a la Universidad de Nueva York, al Centro Rey Juan Carlos I de España, el Centro de Derecho y Seguridad "o a cualquier otro centro o dependencia de la mencionada Universidad", entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de julio de 2007".
La acusación popular en esta causa --ejercida por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea-- solicitaron al magistrado que citara a declarar a Pizarro para que explique la ayuda de 125.000 dólares que la entidad prestó en 2006 al Centro de Derecho de la Universidad de Nueva York para la organización de estos encuentros académicos.
Endensa dio a Garzón 125.000 euros
La petición se produjo después de que Endesa remitiera al alto tribunal diversa documentación que certifica que en abril de 2006 Endesa donó la citada cantidad tras recibir una carta de la directora del Centro de Derecho y Seguridad, Karen Greenberg, solicitando fondos para el patrocinio. La empresa llegó a pactar la donación de 500.000 dólares, si bien finalmente sólo entregó 125.000.
Según el escrito remitido al Supremo por la acusación, la comparecencia de Pizarro es necesaria "porque es imposible creer que una empresa estuviera dispuesta a donar 500.000 dólares a una Universidad extranjera sólo porque se lo pida una profesora en una carta".
Advertían además Mazón y Panea de que una de las misivas se entregó en un sobre con membrete oficial del Juzgado Central de Instrucción número 5, del que Garzón es titular, tal y como reconoce en uno de los documentos remitidos al Supremo el director general de Asesoría Jurídica de Endesa.
Los querellantes añaden que "500.000 dólares es una suma razonable para ganarse las simpatías del juez más famoso, en cuyo juzgado pueden recaer casos de una gran empresa, pero un disparate para financiar un seminario remoto sobre terrorismo donde de no figurar Garzón carecería de todo interés para la eléctrica cuyos patrocinios usuales nada tienen que ver" con temas de seguridad.
Además de la comparecencia de Pizarro, a quien Greenberg remitió su misiva solicitando fondos, la acusación popular solicita la citación como testigos de Gabriel Castro Villalba, quien firmó el contrato con la Universidad estadounidense por parte de Endesa, y del responsable jurídico de la eléctrica Enrique Durán Baquerizo, que por el momento no han sido llamados por el juez.
También solicitaron a Marchena que ordenara la comparecencia de la empleada de Endesa Montserrat Carrión, que deberá declarar el próximo martes, y de la asistente del juez en Estados Unidos María del Mar Bernabé, que ya acudió al Supremo el pasado 23 de abril, al considerar que puede aportar datos relevantes sobre estos pagos.
Marchena solicitó información a varias empresas sobre sus patrocinios de cursos de Garzón tras conocer que éstas podrían haberse producido a través de una carta remitida por el propio Garzón el 12 de diciembre de 2005 al presidente de Cepsa, Carlos Pérez de Bricio, mediante la cual el juez le hacía llegar el programa de unas conferencias organizadas por él en el Centro de Leyes y Seguridad de la Universidad agradeciéndole de antemano su interés en el proyecto, en el que la compañía invirtió finalmente 100.000 dólares.
"Espero que al igual que lo han hecho otras entidades (BBVA, Caixa Cataluña, Telefónica y Endesa) puedas contribuir a la iniciativa", finalizaba la misiva firmada por Garzón.
En una providencia que lleva fecha de 9 de junio, el magistrado Marchena justificaba su petición como "indispensable para el esclarecimiento del hecho denunciado conocer las cantidades que pudieron haber sido demandadas por el ilustrísimo señor Garzón a otras entidades mercantiles para el patrocinio de los cursos organizados durante su estancia en la Universidad de Nueva York".
Los abogados Mazón y Panea, autores de la querella contra Garzón que tramita el Supremo, acusan al juez de haber recibido 302.000 euros del Santander para la organización de los cursos en Nueva York y después haber archivado, a su regreso a la Audiencia Nacional, una querella contra el presidente de esta entidad bancaria, Emilio Botín.