"Sortu es la plasmación del designio de Batasuna de constituir un nuevo partido político para que le suceda en su actividad". Esta afirmación viene recogida en el auto de 217 folios de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, donde se deniega la inscripción de Sortu en el registro de partidos del Ministerio del Interior. La Sala deja claro que esta nueva formación es la heredera de Batasuna y que, por lo tanto, viola la sentencia de marzo de 2003 donde se ilegalizó a este partido por ser el "brazo político" de ETA.
La resolución judicial notificada este viernes, cuya ponencia ha correspondido al magistrado Carlos Lesmes, dice que "ETA ha gestado, alentado y tutelado la estrategia de Batasuna de crear un nuevo partido así como su puesta en escena, incluido el rechazo formal de la violencia". Además, los magistrados no dudan en afirmar que "Sortu nace de Batasuna" y que su inclusión en la vida política supondría "un riesgo objetivo, grave e inminente que atentaría contra los pilares básicos de nuestra democracia".
Para llegar a esta conclusión, la Sala Especial del Alto Tribunal utiliza documentos incautados por las Fuerzas de Seguridad del Estado a ETA y a miembros de Batasuna.
En concreto, uno de ellos, denominado "Proceso democrático; reflexión sobre la alternativa para la solución democrática del conflicto político y para el reconocimiento de Euskal Herria" (adquirido a través de la detención de la abogada etarra Arancha Zulueta) evidencia que Sortu forma parte de "la técnica de desdoblamiento" puesta en marcha por el "denominado entramado ETA-Batasuna". El objetivo de este nuevo partido es que los proetarras vuelvan a la vida política "custodiando" ETA dicho procedimiento.
La vuelta de Batasuna a las instituciones democráticas es para el Tribunal Supremo "la expresión de mínimos democráticos" que necesita "la Izquierda Abertzale a los efectos de poder abrir un nuevo escenario de negociación" con el Gobierno.
En este sentidos, los jueces señalan que "si permitiéramos que Batasuna o los otros partidos ilegalizados 'resucitasen' a la vida jurídica y tomaran parte activa de la vida política estaríamos quebrantando la propia Constitución española".
Los 16 magistrados que componen la Sala del 61 - entienden que de los informes incautados a ETA se desprende que "para que la negociación sea posible es requisito imprescindible" la legalización de Batasuna "junto a otros condicionantes como la no realización de detenciones y el acercamiento de presos".
Además, los jueces advierten de que los proetarras utilizarán diferentes mecanismos para estar en las instituciones tal y como viene reflejado en los documentos de la banda criminal. La estrategia del entramado Batasuna-ETA es "buscar aliados" y "formar el gallinero de partidos". En los informes, recogidos en el auto del Alto Tribunal, la banda terrorista dice que "hay que realizar una alianza política con Eusko Alkartasuna. (...) Los objetivos de esa alianza serían (...) fijar un aliado táctico-estratégico en torno al proceso; ofrecer una imagen de la acción unitaria general de los independentistas".
Sobre el rechazo de esta formación a la violencia, recogida en sus Estatutos, el TS entiende que esa actitud "aparentemente democrática" no es real sino que forma parte de un nuevo fraude de ley de la banda terrorista para conseguir sus objetivos, al objeto de recuperarse de la situación de debilidad que le ha ocasionado la ilegalización judicial y el acoso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", sostiene el auto.
Dicha resolución está acompañado con un extenso voto particular firmado por siete de los 16 magistrados que componen esta Sala especial del Alto Tribunal.