Las redacciones de todos los diarios echaban humo este martes buceando en las 50.000 páginas del sumario del Gürtel que, oficialmente, este martes dejaba de ser secreto. Pero, de momento, no ha aparecido ningún dato relevante nuevo. A falta de sorpresas, todo hace indicar que lo más importante ya había sido filtrado a la prensa, especialmente a El País. Precisamente este diario, el más beneficiado de las filtraciones periódicas de la instrucción iniciada por Garzón y seguida por Pedreira, ha estado todo el día presentando el caso como el "mayor escándalo de la democracia" .
En el sumario no aparecen nuevos imputados ni nuevos delitos de calado pero sí más pruebas que apuntalan lo que ya se sabía. Relata, con multitud de pruebas, como los principales imputados Francisco Correa, Pablo Crespo, Antoine Sánchez y Álvaro Pérez "El Bigotes" tejieron una trama corrupta en torno al Partido Popular, para lucrarse a través de la organización de eventos del partido y de algunas comunidades en las que gobernaba, con el apoyo, a cambio de sobornos, de algunos dirigentes populares, el más relevante el ex tesorero Bárcenas, todos ellos ya imputados antes de que se levantas el secreto de sumario. De lo más relevante es que Correa cobró 27 millones de euros en comisiones a constructoras, que utilizó para los citados sobornos y para su propio enrequecimiento.
Bárcenas y Merino
En el caso de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, que mantiene despacho en Génova, sigue siendo senador y al que el partido le paga la defensa, se detalla con numerosas pruebas su estrechísima relación con la trama corrupta. En concreto, en el sumario se afirma "sin ningún género de dudas" que el senador del Bárcenas habría recibido 1.353.000 millones de euros en sobornos de la trama corrupta capitaneada por Francisco Correa.
Además, señala el sumario, el propio senador popular habría reconocido que hizo entregas de dinero a Correa "en Génova y en su casa, en efectivo, de obras y adjudicaciones y que el dinero lo sacaron a un paraíso fiscal, si bien este extremo se encuentra pendiente de investigación”. También se afirma que "sin ningún género de dudas" las iniciales LB de la caja de contabilidad B de la trama corrupta corresponden al ex tesorero del PP. También se detalla la relación del diputado Jesús Merino con esta trama y el propio Bárcenas. Una de las novedades que aporta el sumario es que una de las muchas empresas que el diputado del PP tiene con su mujer (entre 2003 y 2008 facturaron más de 8 millones de euros) contrató los "servicios" de Bárcenas en 2007 por 43.300 euros. Los delitos contra la Hacienda Pública más graves que habría cometido Bárcenas entre el año 2003 y 2004 ya han prescrito.
Regalos y financiación del PP valenciano
También se detallan los múltiples regalos que Correa y sus compinches otorgaban a los políticos de los que querían obtener contratos. Algunos de poco calor pero otros de un lujo extremo que roza el mal gusto, como el viaje de Bárcenas a Sudáfrica, facilitado por Pasadena Viajes, empresa de Correa. Es aquí, en este listado de regalos, donde aparecen nombres de dirigentes del PP valenciano, empezando por Camps y casi toda su familia, Ricardo Costa y Víctor Campos. Pero, pese al intento de El País por apuntar en esta dirección, en lo que se refiere a la posible financiación ilegal del PP valenciano, el sumario tan sólo recoge la denuncia del PSPV-PSOE que se basa en el ya conocido informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que, también, ya había sido filtrado. De hecho fue la publicación de este informe la que provocó el cese de Ricardo Costa –que, curiosamente, a diferencia de Bárcenas no está imputado– y la crisis entre la dirección nacional del PP y Camps.
Entre los indicios que ha confirmado el sumario están las dádivas de Orange Market, la empresa de Correa en Valencia, a altos cargos de la Generalidad y miembros destacados del partido en Valencia. En el sumario figuran documentos e informes que detallan quiénes fueron los beneficiarios de los regalos. Uno de los casos más llamativos es el de la ex consejera de Turismo Milagrosa Martínez, agasajada con un reloj de 2.400 euros en las navidades de 2005. Entre los obsequiados, estaban desde dirigentes del PPCV y el Gobierno valenciano hasta a la propia familia del presidente Camps.
Comunidad de Madrid
En el caso de la Comunidad de Madrid, se confirman los contratos con la trama corrupta que alentó el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, destituido y expulsado por Esperanza Aguirre por su imputación en el caso. Distintas consejerías contrataron con las empresas de Correa en 367 ocasiones y la inmensa mayoría de las cuales, un total de 364, lo hicieron sin concurso, con contratos de cuantías inferiores a los 12.000 euros que permitían ahorrar dicho trámite. Como se informó en su día, López Viejo era quien imponía la contratación de la trama de Correa en el Ejecutivo de la Comunidad. A estos contratos se sumarían los de los ayuntamientos con ex alcaldes vinculados al escándalo: Arganda del Rey, Majadahonda, Boadilla y Pozuelo de Alarcón. Todos los alcaldes han sido, como López Viejo, expulsados del PPM.
Intervención de comunicaciones
En lo que se refiere las intervenciones de comunicaciones, el magistrado Antonio Pedreira, instructor del caso en Madrid, acuerda mantener el secreto del sumario en lo relativo a las intervenciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los imputados y sus abogados en prisión conforme a la anulación decretada el pasado 25 de marzo al considerarlas ilícitas la Sala de lo Civil y Penal del TSJM. Unas intervenciones que el propio Pedreirá prorrogó y avaló y que, a posteriori, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró ilegales.
El magistrado acuerda ejecutar la declaración de ilicitud acordada por el TSJM , que estimó de forma parcial los recursos interpuestos por Francisco Correa, su asesor y primo, Antoine Sánchez, Pablo Crespo, y los abogados Manuel Delgado Solís y el letrado Antonio López Rubal, entre otros.
Esta decisión pretende cumplir el fallo de la Sala de lo Civil y Penal sobre la anulación de las conversaciones y de las consiguientes pruebas que de ellas derivaron. Un hecho que según las partes personadas en el caso “hiere de muerte” la causa. Previsiblemente, en los próximos días los letrados comenzarán a pedir al juez Pedreira las anulaciones de aquellas pruebas que se desprendieron de esa primera interceptación de escuchas ordenadas por Garzón, declaradas ilegales.