(Libertad Digital) El sudoku de la financiación autonómica (tal y como definió el propio Solbes la reforma del modelo) corre el peligro de convertirse en un puzzle irresoluble. La propuesta de reforma que presentó el pasado 17 de julio no ha recabado el apoyo de ningún grupo parlamentario. Sobre todo, de los partidos nacionalistas catalanes que amenazan con mantener una postura “inflexible” en el reparto de los recursos regionales por parte del Estado.
El PSOE se queda sólo en la defensa de un modelo que no convence a nadie. Desde que el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, presentó las bases del nuevo modelo el pasado julio, no se ha avanzado en ninguna línea de acuerdo con el conjunto de los gobiernos autonómicos. De hecho, tan sólo se ha producido un movimiento: los grupos nacionalistas catalanes han elevado el tono de sus amenazas, con el objetivo de reclamar al Gobierno las exigencias que marca el Estatuto catalán.
Durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Economía en el Congreso, Solbes ha insistido en que su modelo es un "buen punto de partida" para abordar la reforma, y aseguró que no contradice las exigencias que marca el Estatuto de Cataluña y cumple con la Constitución. El Gobierno está haciendo un esfuerzo para lograr un acuerdo “cuanto antes” y que ninguna comunidad salga perjudicada.
Por ello, ha solicitado a las CCAA que asuman su responsabilidad y "no se limiten a pedir más dinero". De hecho, ha echado balones fuera al señalar que "la ausencia de un acuerdo" en esta materia no puede ser considerado "un incumplimiento" por parte del Ejecutivo.
Solbes, en calidad de sustituto del presidente Zapatero, se ha limitado a reiterar, sin guiños hacia una audiencia ávida de novedades, las características esenciales de su oferta inicial (con el "punto clave" del 50 por ciento de IRPF, IVA y el 58 por ciento en los impuestos especiales). Un esquema situado inicialmente como "un buen punto de de partida", pero que conforme ha ido avanzando el debate ha sido elevado a "único modelo viable".
Servicios públicos fundamentales
Según Solbes, su modelo "garantiza" la financiación de los servicios públicos fundamentales, y que recoge correctamente las variables de población, dispersión, superficie e insularidad, de acuerdo con las diferencias existentes en las distintas comunidades para proceder a un reparto “equitativo” de recursos. Pese a ello, al menos, 8 comunidades (7 de ellas gobernadas por el PSOE) han venido insistiendo durante este mes que el reparto financiero debe ponderar mucho más otro tipo de variables, más allá del mero peso poblacional (base de la propuesta de Solbes), tal y como avanzó LD.
Solbes ha insistido en la necesidad de negociar “bilateralmente y multilateralmente”. Algo que, según él, no contradice los preceptos del Estatuto catalán, pese a que el citado texto reitera que esta materia debe ser acordada directamente entre el Gobierno del Estado y la Generalidad. Solbes recuda, además, que su propuesta cumple en "forma y contenido" con el Estatuto.
Los nacionalistas catalanes, "decepcionados"
Las reacciones no se han hecho esperar. Los nacionalistas catalanes reiteraron su "decepción" por la propuesta presentada por el ministro, y advirtieron de que mantendrán "posiciones inflexibles" en la negociación que se abre en septiembre. CiU, ERC e ICV corroboraron la existencia de un "frente catalán" que vincula financiación con Presupuestos y que tiene como objetivo "hacer cumplir al Gobierno con el Estatut".
El portavoz económico de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, afierma que Solbes "rompe con la bilateralidad" que exige el Estatuto, ya que un marco multilateral "no sólo no conviene a Cataluña, sino que le perjudica"."No se está dando cuenta de la gravedad de la situación" al permitirse "jugar de forma inconsciente con las cuestiones del comer". Algo que no ha dudado de tildar como un juego "peligroso" por parte del ministro. "Cataluña no se merece este trato discriminatorio", advierte.
CiU tiene la intención de "liderar" una unidad de fuerzas políticas catalanas para "obligar" al Gobierno a "cumplir con la ley", garantizando la "suficiencia financiera" de Cataluña y reduciendo el déficit fiscal que "está ahogando toda posibilidad de progreso". En este sentido, enfatiza que la "vinculación" entre Presupuestos Generales del Estado (PGE) y financiación "son dos cuestiones imposibles de desligar”. Es decir, si no hay acuerdo, tampoco habrá apoyo catalán en la aprobación de los PGE para 2009.
Ante esto, el Partido Socialista de Cataluña (PSC) ha destacado por su silencio. Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, ha lamentado que, tras dos años desde la aprobación del Estatuto, el Gobierno aporte "una propuesta que, de forma intencionada, no cumple los mínimos”. Advierte que su grupo no firmará “firmará cualquier cosa”. De hecho, avanza que es preferible un “no acuerdo a un mal acuerdo".
Solbes ha reaccionado diciendo que en caso de que la negociación sobre el nuevo modelo termine en fracaso, tan sólo quedarían dos vías: o bien el Gobierno impone a las CCAA un nuevo sistema de forma unilateral (algo que, en principio, sería rechazado por el Congreso), o bien mantener el “modelo vigente”. Es decir, la actual Ley Orgánica sobre Financiación Autonómica (LOFCA).
Pero no sólo CiU y ERC mostraron su oposición. Todos los grupos minoritarios del Congreso han reiterado su rechazo. Los nacionalista catalanes de ICV, los gallegos (BNG), los vascos (PNV) y los canarios (CC) han expresado sus respectivas reticencias hacia el sistema propuesto por el Gobierno. Todos ellos han reiterado la necesaria “bilateralidad” a la hora de alcanzar acuerdos que hagan avanzar la definición del nuevo modelo. El suduku, pues, se complica.
Precisamente, el PP ha insistido en la importancia de alcanzar “unanimidad” en la configuración del nuevo modelo. Además, el portavoz económico del grupo popular, Cristóbal Montoro, ha destacado que difícilmente podrá el Estado aportar más recursos al modelo a raíz de la crisis económica y ha incidido en que si de algo adolece la propuesta de Solbes, es de falta de claridad.
Madrid, expectante
"Cuando los ingresos del Estado se le están desplomando, los recursos económicos se le están cayendo y no está adoptando ninguna medida fiscal ni de reforma estructural", el Gobierno no puede mantener "la demagogia barata que está haciendo con aquello de decir que nadie va a sufrir aquí ningún recorte de nada", ha argumentado.
A su juicio, el Ejecutivo socialista " tiene que adoptar medidas de reformas estructurales y reducir su gasto público en temas que no son esenciales , y tiene además que combinarlo con la mayor aportación de recursos a las comunidades autónomas como consecuencia del incremento de la población".
Esta es la principal demanda de la Comunidad de Madrid respecto al nuevo sistema de financiación, ya que, siendo "la que más aporta", el incremento de un millón de habitantes que ha registrado en los últimos años "no ha tenido reflejo" en su financiación.
González ha dejado claro que la Comunidad de Madrid " no va a consentir que se produzca un tratamiento desigual al conjunto de las comunidades del sistema y que no se apruebe por consenso " el nuevo sistema, al tiempo que va a exigir "que se garanticen los recursos necesarios para la prestación de los servicios públicos en razón de la población".