L D (Agencias) En rueda de prensa en el Congreso, Alonso destacó que el Estado de Derecho tiene que hacer "todo lo posible" para que quienes amparan el terrorismo estén "arrinconados" y "tengan el menor margen de maniobra posible", pero siempre en el marco de la legalidad.
De este modo, parece dejar zanjado la posibilidad de que el Gobierno Zapatero puede apostar por la disolución de los 42 ayuntamientos gobernados por el brazo político de ETA, con la aplicación del artículo 61 de la Ley del Régimen Local, el mismo sistema que se utilizó en el pasado para disolver el consistorio de Marbella.
En las últimas semanas, formaciones políticas como el PP, UPyD o Ciudadanos y colectivos cívicos como la AVT y el Foro Ermua habían exigido al Ejecutivo la aplicación de este artículo.
Artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local
- 1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
- 2. Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.
- 3. Acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general, cuando proceda, en relación a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la corporación.
Además, Alonso subrayó que el PSOE viene patrocinando cualquier iniciativa que tenga por objeto "quitar a ANV de los gobiernos municipales", algo que los socialistas vascos, según dijo, ya intentaron con sus mociones éticas pactadas con el PNV hace unos meses.
Una argumentación, esta última, que no es válida, ya que la única opción para desalojar de la alcaldía a un equipo de gobierno es la presentación de mociones de censura, mientras los socialistas registraron mociones normales en las que se solicitaba a los proetarras que fueron ellos los que dimitiesen.
Mientras, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió este martes en que su partido apoyará al Gobierno en "cuantas medidas sean necesarias" para sacar a los terroristas de las instituciones vascas y navarras, y subrayó la necesidad de aplicar el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, que prevé la disolución de ayuntamientos, tras la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV-EAE) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK).
En rueda de prensa en la Cámara Baja, Sáenz de Santamaría recordó que el PP ya ha presentado tanto en esta legislatura como en la pasada sendas iniciativas en el Congreso sobre la posibilidad de aplicar el citado artículo y disolver los ayuntamientos donde gobierna ANV. Y es que, a su juicio, resulta "indignante" que a día de hoy un total de 437 concejales sigan en algunos ayuntamientos vascos y navarros "cobrando sus sueldos y viviendo de los impuestos de los españoles".
En este sentido, Sáenz de Santamaría puso de relieve nuevamente que el PP respaldará todas aquellas medidas que persigan sacar a los etarras de las instituciones públicas. "Está demostrado que el único mecanismo de lucha contra ETA es la Ley, y no permitir que abusen de la Democracia los que se burlan de ella y atentan con métodos tan trágicos para todos como son los atentados", concluyó.