Ni Leire Pajín, ni Pepe Blanco ni ningún dirigente socialista ha pedido la dimisión del secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, imputado por un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. Sorprende especialmente esta silencio después de que durante meses hayan pedio la cabeza de todos los que han aparecido en las conversaciones filtradas del caso Gürtel, imputados o no.
La única vocecita socialista ha partido del Grupo Socialista de la Asamblea de Extremadura, el portavoz Ignacio Sánchez. ¿Para pedir la cabeza de López Garrido? Pues no. El socialista extremeño ha arremetido contra los denunciantes y la Justicia.
Ignacio Sánchez Amor ha criticado el uso que se hace de la justicia por parte "de entidades de oscura procedencia e intereses" para poner en cuestión a responsables políticos del PSOE. Sánchez Amor, en un comunicado remitido a Efe, ha explicado que el objetivo "nítidamente político" de la querella encuentra la mejor prueba en el dato de que la denuncia del Centro Jurídico "Tomás Moro" va acompañada de una petición de dimisión y se vincula a la Presidencia Española de la UE.
"No se piden dimisiones en los tribunales, ni se actúa judicialmente a impulsos de la agenda política, por lo que es claro el interés puramente político de la acción", ha recalcado. A su juicio, es lamentable que el sistema judicial no ponga "cortafuegos" a estos intentos de usar los derechos constitucionales para otros objetivos que nada tienen que ver con el derecho y que proliferen este tipo de entidades, cuyo único objetivo es "encontrar jueces proclives a dar los primeros pasos de un procedimiento y crear un hecho político como el que hoy han conseguido". El dirigente socialista se ha solidarizado con López Garrido y ha expresado su "convicción de que la justicia examinará con rigor lo infundado de las acusaciones".