(Libertad Digital) La última filtración de la Fiscalía al diario El País ha causado la indignación en el PP, que de nuevo ha cerrado filas alrededor del último dirigente popular víctima de la operación Cacería.
El PP ha presentado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por un delito "de filtración de un sumario secreto" después de que El País acusara a Camps de estar implicado en la presunta trama de corrupción. Creen que Conde Pumpido tiene "una responsabilidad directa".
El presidente de la Comunidad Valenciana ha desmentido las acusaciones del diario de PRISA. Se muestra, además, "profundamente indignado" por las "filtraciones interesadas" del sumario y anuncia acciones legales, si fueran necesarias. Esto es "un proceso abierto contra todo un partido político", el Partido Popular. "Ayer un concejal, hoy un alcalde y mañana el presidente de una Comunidad Autónoma"
El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha pedido conocer cuántos aforados del partido están siendo investigados por el juez Baltasar Garzón, por lo que ha exigido que se levante el secreto de sumario. Pons ha añadido que a la investigación que sigue Garzón puede acceder el Gobierno por medio del Ministerio de Interior o del Ministerio de Justicia, mientras que el PP no puede hacerlo, y que por ello, se trata de una trama "contra el Partido Popular" dirigida con el único fin de "hacer daño político" a los populares y "eliminar cualquier oposición" al Ejecutivo. Y de paso, ganar en los juzgados lo que no consiguen en las urnas en Madrid y Valencia.
Igual de contundente se ha mostrado Dolores de Cospedal. La secretaria general del PP ha asegurado este jueves que su partido se querellará contra el ex diputado socialista y juez Baltasar Garzón por prevaricación si no se inhibe en la operación Cacería como le ha pedido el fiscal. Ya sin complejos, Cospedal ha advertido al ex secretario de Estado con González que "un juez lo que tiene que hacer es aplicar la Ley, y no valerse de la Ley con intereses políticos" y ha acusado al Gobierno y al presidente de "estar corrompiendo" el sistema judicial para utilizarlo "en beneficio propio".
La polémica ha llegado a la Asamblea de Madrid, donde el pleno ha tenido que ser interrumpido por la bronca armada por los socialistas después de que Esperanza Aguirre les recordará sus imputados en casos de corrupción en Leganés y Pinto. Esperanza Aguirre denunció la indefensión del PP ante las filtraciones del sumario. "Nosotros ya sabemos que a los socialistas la división de poderes les importa un bledo, que no les gusta que los jueces sean independientes, que quieren mandar en los jueces y por eso no les da vergüenza que el ministro furtivo y el juez socialista (que proclama su compromiso con la causa socialista y llama asesino al ex presidente del Gobierno José María Aznar) cacen juntos, por cierto, con el jefe de la Policía Judicial y con el jefe de la Fiscalía", espetó a la bancada socialista.
Junto a la de Aguirre, la respuesta más contundente llegó del que fuera vicepresidente del Gobierno y secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, que denunció ante el juzgado de guardia a la Cadena SER por amenazas y coacciones, después de recibir como respuesta a su requerimiento para que rectificase las insidias lanzadas contra su persona, una llamada digna de la familia Corleone.
Además, el PP pedirá una comisión de investigación en el Congreso para que investigue la relación entre el ministro Bermejo y el juez Garzón tras la cacería que compartieron el pasado fin de semana.