El Partido Popular ha presentado a la opinión pública la "Proposición de Ley Orgánica de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de intercepción de las Comunicaciones" (SITEL), que ya ha remitido a todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
Según desgranó el vicesecretario de Comunicación del partido, Esteban González Pons, en compañía de los parlamentarios Ignacio Cosidó y Carlos Floriano, el PP presenta esta proposición ante "la psicosis colectiva de que los teléfonos se encuentran pinchados, incluso entre las personas que teóricamente no deberían de tener este miedo".
La medida, que el viernes llegará a la Cámara Baja, tiene como objetivo acabar con "las lagunas legales" de la actual legislación y garantizar "que en ningún caso se vulneren los derechos fundamentales". En este sentido, esperan que los partidos políticos se muestren receptivos, principalmente CiU y PNV, con quienes han mantenido conversaciones en este sentido.
González Pons puso el acento que, aprobada esta Proposición, "toda la información intervenida siempre tendrá que contar con autorización judicial" ya que prohibirá taxativamente "investigaciones telefónica prejudiciales", otras del tipo "a ver que se encuentra" así como "grabaciones de diligencias indeterminadas". En ningún caso citó, eso sí, las escuchas ilegales del caso Gürtel porque, según argumentó, "el tema es lo suficientemente serio para evitar la confrontación".
La norma del PP establece "tres momentos" de control judicial: cuando la intervención de las telecomunicaciones se ordene, mientras se produce y cuando cese. En todo el proceso "el juez siempre deberá estar encima del procedimiento".
El fin último, sentenció el portavoz popular, será proteger cuatro derechos "fundamentalísimos": el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones, el derecho de defensa –"más aún", matizó– y, por primera vez, la libertad de información. En este punto, anunció, sin concretar, la creación de "un órgano" encargado de supervisar administrativamente "la veracidad" del proceso.
Cuatro preguntas, cuatro respuestas del PP
Cuatro son las preguntas que el PP considera clave de cara a la ciudadanía, y a las que da respuestas:
- ¿Por qué esta Ley? "Por que no hay una Ley Orgánica que regule el secreto de las telecomunicaciones. Por insuficiencia legal. Porque vivimos en una circunstancia de inseguridad jurídica. Porque siempre se filtran las comunicaciones intervenidas, a veces incluso las despreciadas por el juez y que no forman parte de un sumario. Por la inseguridad profesional de la Policía y la Guardia Civil, que son quienes intervienen las conversaciones".
- ¿En qué situación estamos? "Sólo existe un apartado, insuficiente, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en este sentido. Existen numerosas sentencias que dicen que la legislación es insuficiente. Los medios tecnológicos aumentan".
- ¿Qué proponemos? "Que todo el proceso cuente con el amparo de un juez. Conseguir garantías típicas de un Estado de Derecho. La creación de un órgano que controle el sistema. Que la conversación periodista-fuente sea igual de importante que la conversación abogado-cliente".
- ¿Para qué lo estamos proponiendo? "Para tapar lagunas legales. Garantizar que en ningún caso se vulneren los derechos fundamentales. Proteger la actuación profesional de los cuerpos policiales. Adaptar las garantías a las nuevas tecnologías de la telecomunicación".
En conclusión, dijo González Pons, "no podemos tener leyes del siglo pasado" y que son "insuficientes" para "garantizar nuestra intimidad". En este sentido quiere convencer al resto de fuerzas: "no queremos una confrontación, nuestro tono es constructivos, estamos deseando llegar a acuerdos con el PSOE y el resto de partidos".
El pasado mes de noviembre, el PSOE, con la ayuda de las minorías de izquierda, tumbó la iniciativa del PP en la Cámara Baja de regular el sistema SITEL por Ley Orgánica. Ahora lo vuelve a intentar en forma de proposición.