L D (EFE) Así lo ha anunciado en conferencia de prensa la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, quien se ha referido así, entre otros, a la polémica sobre el uso de un avión militar por parte del presidente del Gobierno, para acudir a actos electorales.
En este sentido, ha recordado que todos los partidos tienen un tope legal de gastos electorales y una de las partidas de este tope legal es la que corresponde a los viajes de los candidatos a los mítines del partido. "Nosotros lo pagamos con el dinero del partido que tenemos dentro del tope legal, el PSOE no incluye los gastos de los viajes de Zapatero en el tope legal de gastos que le corresponde al PSOE", ha denunciado Mato.
En opinión de Mato, existe una "desigualdad de condiciones" por el hecho de que el partido socialista tenga un tope legal de gastos superior al que tiene el PP. "Por eso hemos presentado hoy una denuncia ante la Junta Electoral Central. Para que se sepa cuánto cuestan los viajes de Zapatero que paga el Gobierno y que no paga el PSOE, y que se devuelva los ingresos a los gastos del PSOE", ha explicado.
Para Mato de esta manera "todos tenemos que pagar los viajes y, a Zapatero, se lo pagan todos los españoles y no lo meten dentro de la partida de gastos".
En este sentido, ha recordado que también se ha presentado una reclamación al Tribunal de Cuentas, para que "obliguen a Zapatero a devolver ese dinero" y ha lamentado que se "usen los medios públicos al servicio del PSOE".
Por otro lado, Mato ha negado que el PP usara aviones militares para acudir a actos partidistas cuando se encontraba en el Gobierno. "Son más mentiras", ha indicado la vicesecretaria de organización, quien ha agregado que es "inmoral" e "ilegal" el uso de medios públicos para fines electorales.
En este sentido, ha explicado que cuando Mariano Rajoy fue vicepresidente del Gobierno fue a Baleares en un Falcón para asistir a una reunión de patrimonio pero regresó a Madrid en un avión de línea regular.
"Eso no es un uso partidista", ha señalado Mato, quien también ha calificado de "grave" el uso de "archivos reservados de Moncloa" para "filtrarlos" a medios de comunicación.