Jesús Gómez denunció en rueda de prensa los “amaños” de las oposiciones a auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Leganés. El PP ha desvelado un acta notarial del 4 de junio de 2009 en el que estaba completa la lista de las diez personas que “aprobarían” el concurso-oposición libre, cuya prueba de conocimientos se iba a celebrar diez días después, el 14 de junio. En dicha acta, levantada por un notario de Madrid, se referían los nombres de las diez personas y se las citaba como “las que finalmente resultarán adjudicatarias de las plazas del proceso selectivo”. Dichos nombres fueron ofrecidos al notario por Jesús Gómez, acompañado en el acto por los concejales populares Diego Alhambra y María Dolores Montoro.
El Tribunal calificador, presidido por Rafael de la Cruz Ríos, oficializó el pasado jueves 1 de octubre la lista de las diez personas que lograron dicha plaza coincidiendo en los diez casos con los nombres citados en el acta notarial de 4 de junio. “La probabilidad de acertar 10 nombres de una lista de 900 es de una contra 100 mil trillones; la probabilidad de acertar una ‘primitiva’ de seis es de uno contra 14 millones; la misma que la de acertar un pleno al 15 en la quiniela”, ha asegurado Jesús Gómez.
El Partido Popular de Leganés ha ofrecido a los medios presentes un amplio dossier explicando cómo se desarrolló el proceso que se calificó como “amañado”.
Ante tan flagrante delito, el Gobierno socialista municipal ha respondido atacando y ha pedido una rectificación, amenazando con ejercer acciones legales ante los tribunales contra el PP de Leganés. Jesús Gómez ha sido contundente. “Si quieren ir a los Juzgados, les acompañaremos encantados con el acta notarial debajo del brazo”. Gómez ha añadido que “podemos estar ante un caso claro de prevaricación y colocación a dedo”. El presidente popular ha recordado que “aún permanecen abiertos otros dos procesos de seis y dos plazas y tenemos sospechas de que pudiese ocurrir idénticas circunstancias que con las diez plazas ya asignadas”.
Jesús Gómez ha avanzado la posibilidad de “usar la vía contencioso-administrativa para interponer acción de nulidad y suspender cautelarmente las oposiciones, sin perjuicio de utilizar otras vías para denunciar la presunta prevaricación del presidente del Tribunal, Rafael de la Cruz Ríos, y de la concejala Julia Martín Naveso”.